Un grupo de 37 organizaciones de la sociedad civil ha identificado al menos 6 puntos críticos en los contratos firmados con la empresa rusa Uranium One Group y la china Hong Kong CBC para la explotación del litio en el Salar de Uyuni. Estas organizaciones han demandado la corrección de estos contratos para que sean más favorables al Estado boliviano.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones expresaron su preocupación e instaron a las autoridades del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a abrir espacios de diálogo y concertación para abordar este tema de interés nacional antes de que se inicie su tratamiento.
Riesgos operativos para el Estado
El primer punto crítico que se observa es que los contratos establecen que el Estado boliviano deberá asumir la mayor parte de los riesgos operativos. Esto incluye penalidades en caso de que no se provea suficiente salmuera residual a las empresas extractoras.
Inversiones y reembolsos
Un segundo punto crítico revela que, aunque las empresas rusa y china se comprometen a realizar inversiones de aproximadamente 1.000 millones de dólares estadounidenses cada una, estos montos deberán ser reembolsados por el Estado boliviano a través de la producción de carbonato de litio.
Proyecciones de utilidades
La tercera observación señala que las proyecciones de utilidades están calculadas con precios sobreestimados del litio. Se considera un precio de 25.000 dólares estadounidenses por tonelada, cuando el precio actual ronda los 10.000 dólares estadounidenses, sin perspectivas de un incremento significativo.
Disparidad en costos de inversión
En cuarto lugar, se detectó una “disparidad inexplicable” en los costos de inversión. La operación de la empresa rusa requiere 2,4 veces más inversión por tonelada de carbonato de litio producido que la empresa china.
Falta de claridad en recursos
La quinta preocupación se centra en la presunta “falta de claridad” sobre el aprovechamiento de otros elementos presentes en la salmuera del Salar de Uyuni, además del litio. Esto genera incertidumbre sobre quiénes serán los beneficiarios de estos recursos.
Ausencia de salvaguardas
Finalmente, se advierte sobre la ausencia de salvaguardas ambientales y sociales. Los contratos se firmaron sin realizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas. Además, no contemplan medidas para mitigar impactos en al menos 20 comunidades cuyas actividades productivas y turísticas podrían verse afectadas.
Necesidad de contratos justos
De esta manera, las organizaciones enfatizaron la necesidad de establecer contratos que sean justos, transparentes y sostenibles, garantizando así el desarrollo del país.
“También ponemos en conocimiento público de las representaciones oficiales de China y Rusia que los acuerdos, con el contenido actual, carecen de legitimidad y se constituirían en contratos lesivos al Estado. Estos fueron pactados al final de la gestión del Gobierno, en un contexto de débil y vulnerada institucionalidad”, destaca el documento.
Opiniones de expertos
El experto en minería de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, expresó su apoyo para que se puedan aprobar los contratos. Sin embargo, consideró que deben corregirse para que el Estado sea el beneficiado.
Defensa del Gobierno
El Gobierno ha defendido los contratos y aseguró que los pagos por devolución de la inversión están indexados a indicadores internacionales de precios. Estos dependen directamente de los ingresos generados. Esto significa que, si no hay ingresos adicionales, no se efectúan pagos por inversión. El Estado no asume eventuales deudas en ningún escenario posible.
