Varios sectores cumplen este lunes 10 de febrero un paro nacional de 24 horas en rechazo a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que permite el decomiso de productos almacenados.
La medida fue impulsada por gremialistas, productores, transportistas, industriales y empresarios, quienes exigen la derogación de la normativa por considerarla una amenaza a la propiedad privada y a la inversión.
Impacto en el comercio
Según medios locales, a pesar del paro, el comercio en mercados populares funciona con normalidad en gran parte del país. Sin embargo, algunos gremialistas optaron por cerrar sus puestos y se prevé que se sumen a las marchas organizadas en distintas ciudades.
En Santa Cruz, comerciantes se concentraron en la plaza del cementerio para iniciar una movilización por el centro de la ciudad. En Sucre, el Comité Cívico de Chuquisaca (Codeinca) convocó a una marcha que partirá desde la plazuela del Reloj.
Protestas en otras ciudades
En El Alto, vecinos del Distrito 10 bloquearon la zona de la Apacheta, en la carretera La Paz-Oruro, aunque su protesta está relacionada con demandas de infraestructura y no con el paro nacional. Mientras tanto, el transporte público urbano opera con normalidad en varias regiones del país.
Advertencias de los gremialistas
El secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César González, advirtió que, si el Gobierno no atiende sus demandas, podrían instalar piquetes de huelga de hambre y radicalizar las protestas.
Según el dirigente, la situación económica del país es crítica y requiere soluciones urgentes, como la garantía de suministro de diésel y gasolina, además de la estabilización del dólar.
Reacción del Gobierno
El Gobierno rechazó la medida de presión y aseguró que afecta la actividad económica en un mes clave para el comercio y el turismo. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó anteriormente que la disposición cuestionada busca controlar la especulación y el agio, y llamó al diálogo para resolver las diferencias.
Por su parte, el Presidente Luis Arce calificó el paro como un intento de sabotaje a la economía nacional y acusó a sectores opositores de buscar desestabilizar su gestión.
Situación legislativa
A pesar de la presión de los sectores movilizados, la derogación de la disposición séptima del PGE 2025 aún no fue tratada en la Cámara de Diputados, luego de que el Senado aprobara su eliminación la semana pasada.
