Energía e hidrocarburos Bolivia China Economía

Oposición exige investigación sobre contrato de YLB con empresa china

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Janira Román / Cedido a LA PATRIA
Janira Román cuestiona la legalidad del acuerdo entre Yacimientos de Litio Boliviano y Hong Kong CBC, al no estar registrada para producir litio en Bolivia.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Janira Román, ha denunciado que Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) firmó un contrato con la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited Sucursal Bolivia. Sin embargo, esta compañía no se dedica a la producción de carbonato de litio, según la información verificada en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio.

La parlamentaria pudo comprobar que en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), Hong Kong no tiene registrada la actividad de extracción y producción de litio. Además, en el testimonio notarial que permitió su constitución en el país, tampoco se menciona este rubro.

Denuncia de ilegalidad

Román afirmó: “El contrato con la empresa china Hong Kong CBC Sucursal Bolivia es ilegal e inconstitucional. Constatamos que en el Seprec y en el documento notarial, esta empresa no se dedica al rubro de la ‘producción de carbonato de litio’, como especifica el tenor del contrato”.

La diputada cuestionó: “Entonces, ¿cómo se firmó un contrato con una empresa que no se dedica a la producción de carbonato de litio?”. En el documento notarial se detalla que la transnacional fue establecida en Bolivia el 10 de julio de 2023.

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Proceso de contratación cuestionado

Román también mencionó que en una sesión de la Comisión de Economía Plural, donde se discutió el contrato con CBC, el ministro de Hidrocarburos y el presidente de YLB afirmaron que el acercamiento con la empresa china comenzó en 2021.

“Todo esto nos hace notar que el proceso de contratación fue direccionado para favorecer a la empresa china”, observó la legisladora.

Acciones legales

La diputada ha remitido esta documentación a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Viceministerio de Transparencia. Su intención es que se inicie una investigación de oficio, ya que, al menos, se habrían cometido dos delitos: incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

“Como parlamentaria, remití a la Fiscalía y al Viceministerio de Transparencia las pruebas de mi denuncia pública, para que se inicie una investigación de oficio. Esperemos que estas instancias actúen con celeridad y sin ningún encubrimiento”, concluyó.


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