Gremiales y sectores empresariales en Bolivia han decidido llevar a cabo un paro nacional el lunes 10 de febrero. Esta movilización se realiza en rechazo a la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que establece el decomiso de productos y alimentos. La Cámara Nacional del Transporte Pesado, bajo la dirección de Héctor Mercado, ha confirmado su apoyo a esta acción, argumentando que la norma afecta a todos los bolivianos.
Diversos sectores sociales han manifestado su intención de acatar esta medida de presión. Mercado ha declarado que “el paro nacional se llevará a cabo con el repliegue de todas las unidades de transporte. Todas las cámaras están de acuerdo en participar en este paro y, si surgen bloqueos, intentaremos resolver la situación, aunque no podemos garantizarlo”.
Impacto en los negocios
El dirigente también ha señalado que esta norma perjudicará a quienes desean iniciar un negocio mediante la adquisición de mercadería. “Esto afecta a todos los bolivianos; no solo impacta a los transportistas ni a los gremiales, esto afecta a toda la población. No hay seguridad jurídica”, afirmó Mercado.
Opiniones del gobierno
Por su parte, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, ha reiterado que esta medida tiene un carácter político y que afectará al aparato productivo de Bolivia. “Lamentablemente, esta medida solo perjudicará a la economía y a la población boliviana. Este paro impactará a todo el sector productivo. El diálogo está abierto y quienes se cierran al diálogo son los que se oponen”, expresó Silva.
Intención de los movilizados
Los sectores movilizados han manifestado su deseo de hacer sentir su voz ante una normativa que consideran perjudicial para la economía nacional.
