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Presunta víctima de Evo Morales rompe el silencio: Se declara perseguida por el gobierno del MAS

La justicia investiga al expresidente Evo Morales tras las denuncias de Cindy Vargas sobre trata de personas y persecución política / AP
La expareja del expresidente asegura ser víctima de una persecución política junto a su hija. Acusa al gobierno del MAS y revela detalles impactantes sobre su situación de vida.

Cindy Sarai Vargas, quien según denuncias tuvo una hija con el expresidente Evo Morales en 2016, ha decidido romper su silencio. En una entrevista con el canal internacional DNews, Cindy afirmó que tanto ella como su hija son víctimas de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de una lucha política que pone en peligro su seguridad.

“Yo soy Cindy Sarai V. P., y he sido y sigo siendo victimizada por el anterior Gobierno y por este Gobierno. Realmente he sufrido todos los efectos colaterales del poder, han hecho mucho daño a mi familia en todo este tiempo”, expresó Cindy, quien actualmente vive en la clandestinidad junto a su hija de 8 años.

El caso de Evo Morales

El caso que involucra a Morales se centra en una supuesta relación con una menor en 2015, quien formaba parte de su “Guardia Juvenil”. Morales enfrenta serios cargos por trata y tráfico de personas agravado.

La Fiscalía de Tarija emitió una imputación formal el 16 de diciembre y solicitó una alerta migratoria para evitar que el expresidente se fugue. Sin embargo, Morales ha evitado responder a las citaciones judiciales.

En este contexto, el Juzgado Quinto de Instrucción Penal ha fijado una audiencia de medidas cautelares para el 14 de enero de 2025. En respuesta a estas acciones, el exmandatario ha denunciado ser víctima de una “guerra jurídica” y ha afirmado que las acusaciones en su contra buscan desprestigiarlo políticamente.

Denuncias contra el actual gobierno

Durante la entrevista, Vargas señaló que su situación actual es resultado de una supuesta complicidad entre el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez. Según su relato, en 2019 fue forzada a salir del país junto a su hija y sus hermanos menores bajo la excusa de proteger su integridad.

Cindy detalló que ese año Del Castillo le advirtió que sus vidas corrían peligro y que la actual fiscal, quien en ese momento era representante del Consejo de la Magistratura, gestionó los permisos de viaje para llevarlos a Buenos Aires. Ahora, según ella, las autoridades la persiguen.

“Yo tengo más pruebas, fotos y charlas con Eduardo”, afirmó Cindy. “No estoy desaparecida, estoy salvaguardando la integridad de mi hija. Secuestraron a mi padre”, agregó.

Amenazas y persecución

Cindy también denunció haber sido amenazada por el ministro, quien supuestamente le exigió cambiar el apellido de su hija para cerrar el caso. Además, afirmó que las autoridades actuales han utilizado la justicia para perseguirla, incluyendo visitas de la Defensoría de la Niñez al colegio de su hija con el objetivo de suspenderla.

Aunque evitó profundizar en su relación con Morales, Cindy indicó que su familia no conocía los detalles hasta 2017. También rechazó las acusaciones contra su madre, Idelsa Pozo, quien enfrenta cargos por trata de personas.

La joven aseguró que su padre, quien se encuentra en detención preventiva por este caso, se fue de la casa hace muchos años. Ella se convirtió en el sustento de su familia al ser la mayor. “Él no me conoce, no ha vivido conmigo, tampoco conoce a mi hija, solo la vio un par de veces”, afirmó.

Vigilancia constante y revictimización

Cindy concluyó la entrevista denunciando que es vigilada de manera constante y que su familia ha sido revictimizada en múltiples ocasiones. “No pensaron en una niña que quiere crecer, en una joven que tiene sueños (…) me quitaron el derecho al trabajo”, sostuvo.

“Ellos manejan la justicia, permitieron que la Fiscal Departamental (de Tarija) persiga a mi familia. En este instante hay personas que están vigilando mi casa. Estamos siendo vigilados y perseguidos”, añadió Cindy.

En octubre, Morales calificó el proceso como una persecución política destinada a impedir su candidatura presidencial para las elecciones de 2025. A través de sus redes sociales, aseguró que enfrenta un “asesinato moral” como parte de un plan para debilitar liderazgos populares.

Mientras tanto, la justicia boliviana continúa investigando el caso que involucra al líder cocalero, lo que pone de manifiesto la polarización política y las tensiones dentro del MAS.


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