El expresidente Jorge «Tuto» Quiroga calificó como un “chiste” el edicto de convocatoria emitido contra Evo Morales. Diputados de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos sostienen que el gobierno no detiene a Morales por temor, a pesar de que se conocen sus domicilios en el trópico de Cochabamba.
Quiroga argumentó que un edicto se publica cuando el procesado ha huido del país. Sin embargo, en el caso de Evo Morales, se conocen sus domicilios en el Chapare, La Paz y Cochabamba. “Además, aparece todos los domingos en radio Kawsachun Coca, lo pueden buscar ahí”, afirmó.
“Es algo muy raro, porque si uno es dirigente de oposición, lo cazan como a Luis Fernando Camacho”, señaló Quiroga. Recordó casos como el del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, en Cobija, o Zvonko Matkovic en Santa Cruz. Criticó la falta de acción del gobierno, afirmando que no solo teme a Morales, sino que tampoco localiza al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ni a otros acusados como Ponciano Santos. “Así son estas ratas miserables”, expresó en Santa Cruz.
Cuestionamientos a la convocatoria
Por su parte, la diputada de CC, Luisa Nayar, cuestionó el edicto, sugiriendo que podrían notificarlo directamente en el Chapare. “¿Por qué recurren al edicto si conocen la vivienda de Evo Morales? Esto demuestra la cobardía de un gobierno incapaz, que encubre a un pedófilo y sigue destruyendo la vida de niñas”, declaró. Además, calificó la acción como un montaje político del gobierno de Luis Arce.
Advertencias sobre la audiencia
El diputado de Creemos, Erwin Bazán, advirtió que si Morales no se presenta el 14 de enero de 2025 a la audiencia judicial, será una señal de que cuenta con el respaldo y la protección política suficiente desde el Chapare. “Si no asiste, debería desplegarse un contingente policial para arrestarlo en cumplimiento de la orden de aprehensión vigente”, afirmó.
Bazán acusó al gobierno de ser el principal obstáculo para ejecutar la aprehensión de Morales. Señaló que la Policía, encargada de cumplir la orden, depende directamente del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Según el legislador, “Luis Arce calcula políticamente la libertad de Evo Morales, dejando de lado la justicia”. La oposición coincidió en que el manejo de este caso refleja una falta de voluntad política y un doble estándar en el sistema judicial boliviano.
