El Gobierno de Chile ha decidido postergar para 2025 la presentación del proyecto de ley que busca permitir el aborto sin causales. Esta iniciativa fue prometida por el presidente Gabriel Boric. La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, explicó que el retraso se debe a razones tanto técnicas como políticas.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, reafirmó el compromiso del gobierno con esta propuesta. Orellana mencionó que «las decisiones que se toman no se hacen pensando en los deseos de los príncipes de la Iglesia». También admitió que el Gobierno no cuenta con una mayoría en el Parlamento, lo que dificulta la posibilidad de que el proyecto sea aprobado.
La ministra añadió que «cuando se trata de derechos de las mujeres, lamentablemente nunca tenemos una mayoría inicial. Lo que se requiere es conversación». Esta situación pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el Gobierno en la búsqueda de avanzar en derechos reproductivos.
Compromiso del gobierno
Elizalde comentó que «el compromiso de la Administración Boric continúa vigente y que el proyecto será presentado el próximo año». Destacó que «lo más relevante es que podamos tener un debate con altura de miras, en un marco de respeto mutuo en una sociedad democrática como es la sociedad chilena».
En su tercera rendición de cuentas ante el Parlamento, realizada el 1 de junio, Boric anunció que se presentaría un proyecto de ley de plazos y un nuevo reglamento para regular la objeción de conciencia en la ley actual. Esta ley ha estado vigente desde 2017 y permite la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo para la gestante, inviabilidad fetal o violación.
Tramitación estancada
Orellana indicó que la tramitación de este reglamento se encuentra estancada en Contraloría desde mayo. Esto se debe a «la gran cantidad de escritos en su contra, por ejemplo, del Arzobispado de la Iglesia chilena».
La ministra también destacó que «a 7 años de aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, tenemos que recibir en Santiago a niñas violadas, con embarazos avanzados y al borde de las semanas porque el sistema sanitario, con el reglamento actual, no logra atenderlas en su región de origen».
Finalmente, Orellana concluyó que una vez que se resuelva esta situación, se ingresará el proyecto correspondiente.
