En el caso del Centro de Salud Pumas Andinos, que involucra a exalcaldes, exconcejales, exsecretarios y exfuncionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), se espera el inicio del juicio oral. Este juicio comenzará en los primeros días de enero de 2025.
La construcción del Centro de Salud Pumas Andinos se inició durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, bajo la gestión del exalcalde Saúl Aguilar. El proyecto se completó en diciembre de 2020, y fue en marzo de 2021 cuando se llevó a cabo una entrega formal por parte del entonces alcalde David Choque.
Irregularidades en el proyecto
No obstante, cuando el alcalde Adhemar Wilcarani asumió el cargo en mayo de 2021, se identificaron numerosas irregularidades desde un enfoque técnico y legal. Como resultado, el proyecto nunca llegó a funcionar.
El secretario de Asuntos Jurídicos del GAMO, Víctor Hugo Miranda, expresó su preocupación por el hecho de que el proyecto se ubicó en un área donde no existe el derecho propietario para un equipamiento de salud. Además, no se realizó una programación adecuada para la construcción de un centro de salud, ni se llevó a cabo un proceso de contratación formal.
También se destacó que no se realizó una licitación pública ni se utilizó otra modalidad de contratación. En cambio, se realizaron pagos parciales mediante órdenes de servicio, utilizando recursos de otras partidas presupuestarias.
Denuncia contra exautoridades
Ante este cúmulo de irregularidades, el GAMO presentó una denuncia en 2021 contra las exautoridades involucradas en el proyecto.
Entre los denunciados se encuentran el exalcalde Saúl Aguilar, el exalcalde y exconcejal David Choque, así como los exconcejales Oswaldo Olivera, Dennis Villca y Mario Rojas. También está implicado el exsecretario de Infraestructura, Walter Zurita Lucero, y una funcionaria adicional.
Los delitos que se les imputan incluyen incumplimiento de deberes, en relación con el daño económico causado al Estado. Esto se debe a que, al haberse llevado a cabo el proyecto sin cumplir con las condiciones técnicas necesarias, se realizaron pagos parciales que suman aproximadamente 2.000.000 bolivianos. Además, se les acusa de conducta antieconómica, según detalló Miranda.
Progreso del juicio oral
Miranda comentó que las exautoridades están involucradas porque no aseguraron el correcto procedimiento y planificación para la ejecución de este tipo de proyectos. La denuncia se presentó en 2021 y, de manera cronológica, se ha formalizado la imputación de estas personas.
En este momento, se está avanzando hacia el juicio oral público y contradictorio, donde se definirá la situación jurídica de los acusados y si son penalmente responsables de los delitos cometidos.
Según Miranda, hace dos semanas se presentaron las acusaciones tanto del Ministerio Público como del GAMO, y se convocó al inicio del juicio oral. Sin embargo, debido a cuestiones formales y al receso en el Órgano Judicial, este se ha aplazado para los primeros días de enero de 2025.
Esperanza de solución
Estamos a la espera del juicio oral para definir la situación jurídica y legal de los acusados. Luego de esto, se buscarán alternativas para resolver este conflicto y garantizar una atención adecuada en salud, concluyó Miranda.
