El exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión debido a la firma de 107 contratos relacionados con la comercialización, exploración y explotación de hidrocarburos. Esta decisión fue anunciada el lunes 2 de diciembre, lo que ha provocado reacciones entre los miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS). Estos legisladores exigen que se inicien los trámites necesarios para su extradición y que se haga justicia después de casi 20 años de impunidad.
Reacciones del MAS
El diputado Delfor Burgos ha señalado que es necesario llevar a cabo los trámites correspondientes según la normativa vigente. En este sentido, Burgos ha afirmado que se debe solicitar la extradición de “Goni” y que este debe asumir la responsabilidad por el daño causado a todos los bolivianos.
Respecto al tiempo que tomará a la Cancillería realizar estos trámites, Burgos explicó: «Una vez emitido el fallo, hay que revisar las sentencias; si ya son cerradas y ejecutoriadas, recién se puede hacer el trámite respectivo».
Críticas a la justicia
El senador Miguel Rejas, también del MAS, ha expresado que «la justicia está cabeza abajo». Rejas considera que hace bastante tiempo se debió haber dado una respuesta y resultado en relación a estas investigaciones y, especialmente, sobre las sentencias emitidas.
Rejas añadió que «el hecho de que ahora, después de casi 20 años, la justicia deje mucho que desear respecto a quienes han administrado y a quienes siguen administrando la justicia es preocupante».
La necesidad de justicia
A pesar de sus críticas, Rejas también ha destacado que «aplaudimos que este señor debe pagar por lo que realmente realizó en su momento». Esto se refiere a los contratos que fueron firmados de manera ilegal e inconstitucional, sin la consulta a la Asamblea Constituyente o a la Asamblea Legislativa.
Contexto de la situación legal
La situación legal de Gonzalo Sánchez de Lozada ha sido un tema de debate durante muchos años. Esto se debe a las implicaciones políticas y sociales que han surgido a partir de sus decisiones como mandatario. Los contratos firmados sin autorización del Congreso han generado un amplio rechazo entre diversos sectores políticos y sociales en Bolivia.
