El lunes 2 de diciembre, la sala constitucional de Tarija aceptó una acción popular que fue presentada por los pueblos indígenas originarios guaraníes y diversos sectores sociales. Esta denuncia se centra en la vulneración de sus derechos constitucionales al voto en las elecciones judiciales que están programadas para el 15 de diciembre. La acción busca que estos comicios se realicen de manera general en los 9 departamentos del país, en lugar de hacerlo de forma parcial, con el fin de asegurar una representación justa y efectiva ante la crisis de justicia que enfrenta Bolivia.
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Miguel Rejas, ha señalado que «en el transcurso de estos días, hasta el viernes 6 de diciembre, seguramente se llevará a cabo la audiencia, ya que esto estaría perjudicando al pueblo boliviano». Se tiene la intención de llevar a cabo las elecciones judiciales de manera parcial, lo que ha generado inquietud entre los ciudadanos.
Rejas también comentó que «todo el pueblo boliviano sabe que están siendo vulnerados los derechos tanto de los postulantes como de la población en general». Esto se debe a que han incurrido en acciones legales y han realizado todos los trámites requeridos. Esta situación ha llevado a la consideración de que el trámite constitucional ha sido ignorado por los magistrados autoprorrogados.
Impacto económico para el Estado
La situación actual implica un aumento en el gasto económico para el Estado boliviano. Al suspender 5 departamentos al Tribunal Constitucional, esto podría resultar en la necesidad de realizar nuevamente las elecciones, lo que significaría nuevos gastos para el Estado.
Exigencia de elecciones generales
Se busca que las elecciones se realicen de manera general, abarcando tanto el Tribunal Constitucional, el Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura como el Tribunal Agroambiental en los 9 departamentos. Por lo tanto, la intención es que las elecciones del 15 de diciembre se lleven a cabo de forma general y no solo parcial.
Esperanza en la justicia
En este contexto, se destaca que la acción popular presentada ha sido admitida y se espera que la justicia actúe conforme a derecho.
