La inmobiliaria Kantutani ha presentado un plan de contingencias ante las Alcaldías de La Paz y Achocalla. Este anuncio se produce tras un deslizamiento que resultó en la trágica muerte de una niña de cinco años y causó daños significativos en viviendas y vehículos. La empresa, cuyo gerente, Luis Iturralde, enfrenta una orden de aprehensión y actualmente se encuentra con detención domiciliaria en Perú, niega cualquier responsabilidad en los eventos ocurridos el sábado.
Solicitud de auditoría técnica
Kantutani ha solicitado una auditoría técnica independiente para determinar las responsabilidades en este lamentable incidente. En sus comunicaciones dirigidas a las alcaldías, la inmobiliaria ha dejado claro que no asume culpa ni responsabilidad por lo sucedido. La empresa reafirma su posición de que el deslizamiento no se originó en su predio y que sus actividades estaban bajo la supervisión de los técnicos del Gobierno Municipal de Achocalla.
Preparativos para la mitigación
La inmobiliaria ha informado que está a la espera de la autorización de las autoridades locales para comenzar las tareas de mitigación de riesgos. Kantutani asegura que cuenta con un centro de operaciones, maquinaria y personal especializado para llevar a cabo estas labores. La empresa espera que las autoridades locales tramiten la autorización lo más pronto posible, especialmente debido a las intensas lluvias que han afectado la zona.
Impacto del deslizamiento
El deslizamiento ha dejado como saldo la muerte de una niña de 5 años, además de graves daños en viviendas y vehículos. La situación ha generado una gran preocupación en la comunidad, y la inmobiliaria ha reiterado su pedido para realizar una auditoría técnica independiente. Esta auditoría tiene como objetivo determinar de manera objetiva las responsabilidades tanto públicas como privadas en el caso de la mazamorra.
Situación legal del gerente
El gerente de la empresa, Luis Iturralde, enfrenta una orden de aprehensión en su contra. Actualmente, se encuentra con detención domiciliaria en Perú mientras espera el trámite de extradición. Esta situación legal añade una capa de complejidad a la crisis que enfrenta la inmobiliaria Kantutani tras el deslizamiento.
