Ante la crisis económica que enfrenta Bolivia, la Cámara Nacional de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) alertó el 28 de noviembre sobre un posible desabastecimiento de garrafas de gas. Esto podría ocurrir si el Gobierno decide mantener la comisión de 0,14 bolivianos por cada unidad vendida.
Situación crítica de los distribuidores
Fernando Segovia, presidente de la Cámara, indicó que las operaciones de los distribuidores están al borde del colapso. Esto se debe al aumento de costos que no ha sido acompañado por ajustes en sus ingresos. «Estamos en una situación casi insostenible; poco a poco estamos muriendo», comentó Segovia.
Los distribuidores han denunciado que el precio de la garrafa de GLP se ha mantenido congelado en 22,50 bolivianos durante más de 18 años. Sin embargo, ellos solo reciben una comisión de 0,14 bolivianos por unidad, lo que no cubre sus costos operativos. Hace cinco años, solicitaron un incremento de su comisión en un boliviano, pero no obtuvieron respuestas favorables.
Escasez de combustible y costos
La situación se complica aún más con la escasez de diésel, el combustible que utilizan el 90% de sus vehículos. Además, han enfrentado un aumento en el precio de insumos básicos, como llantas, que ahora solo pueden comprar usadas.
Segovia también mencionó que, debido a la crisis económica, han tenido que reducir tanto el personal como las unidades vehiculares, lo que les obliga a operar en condiciones precarias de supervivencia.
Responsabilidad de las autoridades
Néstor Zamora, vicepresidente de la Cámara, responsabilizó a las autoridades por la falta de respuesta a las solicitudes del sector. “Si el día de hoy no se toman decisiones, el desabastecimiento del carburante que puede venir en los siguientes meses no va a ser responsabilidad de la empresa privada, de nosotros, sino que tiene que ser responsabilidad de las autoridades que han hecho caso vano de todas las solicitudes”, afirmó Zamora.
Posibles intervenciones
El directivo también denunció que han recibido amenazas de intervención por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) si deciden suspender el servicio.
A pesar de esta difícil situación, Segovia aseguró que no se están considerando medidas radicales. Sin embargo, advirtió que si no se mejora la remuneración, muchos distribuidores podrían verse obligados a dejar de operar.