La Policía y la Fiscalía realizaron un allanamiento en las oficinas de la Alcaldía de Achocalla, ubicada en La Paz, este miércoles. Esta acción forma parte de una investigación relacionada con un deslizamiento de mazamorra que resultó en la trágica muerte de una niña de 5 años en Bajo Llojeta, tras intensas lluvias.
Allanamiento en la Alcaldía
El despacho de la Alcaldía fue abordado por una comisión de fiscales y la Policía alrededor de las 14:30 horas. Durante la mañana, el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, declaró que las investigaciones están avanzando y que se citará a los alcaldes de La Paz y Achocalla en calidad de testigos. “Se están realizando actos investigativos en los diferentes municipios, como Achocalla y La Paz, para colectar mayores elementos de convicción”, enfatizó Torrez.
Información relevante para la investigación
Según Torrez, las autoridades municipales tienen información “pertinente” que el Ministerio Público necesita analizar para avanzar en la investigación. Las citaciones a declarar buscan esclarecer las circunstancias que llevaron al deslizamiento, el cual fue causado por un movimiento de tierras no autorizado en terrenos del cementerio Los Andes.
Los alcaldes de La Paz y Achocalla han coincidido en negar haber autorizado dicho movimiento. El dueño de la Inmobiliaria Kantutani, Luis Enrique Gonzalo Iturralde, quien está vinculado a lo sucedido en Bajo Llojeta, fue capturado en Chile y posteriormente regresado a Perú. Actualmente, se están realizando los trámites necesarios para su retorno a Bolivia.
Documentación y responsabilidades
El fiscal asignado al caso ha revisado y verificado la documentación relacionada con la indagación para identificar a los responsables del suceso. El Ministerio Público inició de oficio la investigación sobre lo ocurrido, a la que se sumaron separadamente las alcaldías involucradas. Ambos gobiernos municipales han deslindado responsabilidad y han apuntado a la inmobiliaria Kantutani por realizar movimientos no autorizados.
Por otro lado, el fiscal departamental Luis Tórrez informó que ya se ha comenzado el trámite de extradición del ejecutivo identificado como uno de los presuntos responsables del desastre que afectó a más de 40 viviendas. Luis Iturralde Moreno permanece aprehendido en Perú mientras se prepara su extradición.
Detalles del deslizamiento
El deslizamiento ocurrió la noche del 23 de noviembre, afectando al menos 40 viviendas y resultando en la muerte de una niña que fue sepultada por el lodo. Tanto la Alcaldía como los vecinos han culpado al Cementerio Los Andes por movimientos supuestamente ilegales que derivaron en el deslizamiento.
Dos días después del incidente, el Ministerio Público comenzó a investigar “por otros estragos y peligro de estragos con agravante”. El martes se conoció que Iturralde fue retenido en Chile tras salir de Bolivia por Perú. “El Ministerio Público emitió una alerta roja (por Iturralde)”, señaló el fiscal.
Situación legal de Iturralde
El fiscal agregó que Migración procedió a ejecutar el mandamiento de aprehensión emitido por la Fiscalía boliviana. “Este señor ahora ya está en manos de la justicia peruana”, indicó Tórrez sobre la situación legal de Iturralde.
En Bolivia, la comisión de fiscales también se reunió para viabilizar o acelerar la extradición. “En las próximas horas, bajo los principios de celeridad, el Ministerio Público estará solicitando… el trámite de extradición”, añadió Tórrez.
Nuevas citaciones a autoridades
La Fiscalía también está preparando nuevas citaciones; los alcaldes Iván Arias y Manuel Condori serán convocados a declarar como testigos. Necesitamos “colectar mayores elementos de convicción… estas autoridades tienen información que el Ministerio Público necesita analizar”, sostuvo Tórrez.
Además, el fiscal dio a conocer que por el momento “no existen nuevas órdenes de aprehensión”.
