El magistrado Gonzalo Hurtado fue elegido como presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el lunes 25 de noviembre. Esta elección se produce en un contexto de crisis institucional, lo que ha generado críticas de figuras políticas como el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Adolfo Flores, y el ministro de Justicia, César Siles. Ambos cuestionan la legalidad de la designación y advierten sobre posibles irregularidades en el proceso.
Críticas a la elección
Luis Adolfo Flores ha señalado que «ya no es noticia saber las barbaridades que hace el TCP». Además, expresó su preocupación al mencionar: «imagínense la crisis al tener que asumir uno de los supuestos magistrados más cuestionados del país». Según su opinión, esta situación podría desencadenar una lucha intensa con el Poder Ejecutivo para intentar influir en la designación de diputados y senadores.
Preocupaciones del ministro de Justicia
El ministro de Justicia, César Siles, también ha manifestado su inquietud. Informó que han surgido «actos irregulares» en el proceso de designación de la decanatura y la presidencia del Tribunal Constitucional. Sostuvo que «estamos en una crisis institucional» y espera que esta situación se resuelva lo más pronto posible.
Representación internacional del TCP
El expresidente del Tribunal Constitucional, Paul Franco Zamora, está representando al país en un evento internacional que se lleva a cabo en Perú los días 27, 28 y 29 de noviembre. Franco es uno de los 14 expositores a nivel mundial en el séptimo Congreso de Derecho Constitucional.
Movimientos extraños en la designación
Se ha recibido una nota firmada por Paul Franco que menciona movimientos «extraños» que ocurrieron entre el jueves y el lunes en relación con la designación de la decanatura y la supuesta presidencia del Tribunal Constitucional. Esto ha generado aún más dudas sobre la legalidad del proceso.
Normativas y autoridad en el TCP
El Código Procesal Constitucional y la Ley del Tribunal Constitucional establecen de manera clara quién tiene la autoridad para convocar sesiones. La figura de la decanatura que se utilizó en esta ocasión no está contemplada en dichas normativas. Ante esta situación, el Ministerio de Justicia solicitará información al Tribunal Constitucional y exhortará a los nueve magistrados a resolver esta crisis institucional.
Se espera que esta problemática se solucione pronto, ya que actualmente no existe un reconocimiento formal sobre la legalidad de las designaciones realizadas.
