La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados se alista para examinar el proyecto del presupuesto General del Estado para el año 2025. Se espera que este proyecto llegue el lunes 25 de noviembre, según lo informado por el diputado Andrés Flores. La discusión se enfocará en la asignación de 2.900 millones de dólares destinados a subvenciones, aunque hasta el momento no se ha tratado con urgencia debido a la falta de información sobre el proyecto.
Flores mencionó: «le vamos a dar tiempo de materia». Si el proyecto llega durante el día, «nosotros mañana ya convocaríamos a la bancada nacional para socializar, especialmente en las filas del Movimiento Al Socialismo». Después de esto, las tres fuerzas políticas presentes en la sesión de la Cámara de Diputados lo discutirán.
Desarrollo del tratamiento
El diputado también expresó que no desea anticipar si esta semana se podría finalizar el tratamiento en la comisión, ya que «aún no tenemos el proyecto en la comisión». Se ha indicado que se destinarían 2.900 millones de dólares para asegurar la subvención.
En relación con el análisis del proyecto, Flores afirmó: «yo aún no tengo conocimiento de fondo. Este proyecto de ley lo vamos a analizar y discutir una vez que llegue a la comisión». Además, aseguró que convocará a los comités para tratar o analizar este asunto.
Urgencia en el tratamiento
Sobre el manejo del tiempo y la urgencia en el tratamiento del presupuesto, Flores comentó: «creo que el día jueves se llevó a cabo la sesión de la Cámara de Diputados, cuando se conformaron las comisiones y comités». Agregó que «el día viernes hemos esperado; no ha llegado todavía a la comisión».
Créditos pendientes
Finalmente, en relación con los créditos pendientes, Flores informó que «el día viernes 22 de noviembre nosotros recibimos información de las oficinas del Secretario Técnico», indicando que hay más de 250 proyectos de ley en esa comisión. Por lo tanto, aún no tienen un detalle claro de cuántos créditos están pendientes.
La falta de tratamiento urgente del presupuesto puede generar incertidumbre entre los ciudadanos respecto a las subvenciones y otros servicios públicos esenciales.
