El Ministerio Público ha tomado una decisión importante al emitir una resolución conclusiva de acusación fiscal contra el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, junto a ocho personas más. Esta acusación se relaciona con la adquisición irregular de pruebas rápidas de antígenos nasales en el año 2022. El caso salió a la luz tras una denuncia presentada por la diputada Lissa Claros, quien alertó sobre sobreprecios que generaron un daño económico al Estado.
La resolución del Ministerio Público incluye a los siguientes implicados: Huáscar D.A.D., Benjo B.A., Lisbania L.T.C., Lourdes R.S.O., Sabino C.Z., Shiamira S.M.V., Oscar A.L.V. y Edwin C.M.M. Todos ellos están a la espera de la fecha para el juicio oral, que será público y contradictorio.
Resultados de la investigación
El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, ha informado que durante la fase preparatoria de la investigación se lograron reunir varios indicios. En total, se recolectaron 33 pruebas documentales, además de pericias y otros elementos que se presentarán durante el juicio.
Contexto del caso
Según los antecedentes del caso, la denuncia de la diputada Lissa Claros se originó en 2022, cuando se descubrió que las pruebas se habían adquirido a precios excesivos, lo que ocasionó un daño económico al Estado. El gobernador de Potosí firmó un contrato con la empresa RIGAAN IMPORT-EXPORT por un monto de Bs 970.520.
A pesar de que en otras regiones del país las mismas pruebas se compraron a precios más bajos, específicamente a Bs 16,50 por unidad, en Potosí se pagaron Bs 40. Otro punto destacado en la denuncia es que la empresa no presentó los documentos necesarios para formalizar la contratación.
Proceso de adjudicación
A pesar de las irregularidades, el proceso de adjudicación continuó, y finalmente, el 29 de diciembre de 2022, se realizó un pago de Bs 892.878 a la empresa que fue adjudicada.
Delitos imputados
El gobernador de Potosí ha sido acusado de varios delitos, que incluyen incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles, uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado.
