Los líderes del bloqueo de caminos que afectó la economía boliviana durante 24 días, Humberto Claros y Ramiro Cucho, fueron aprehendidos por la Policía Boliviana en la noche del miércoles. Ambos enfrentan acusaciones por al menos 12 delitos, que incluyen terrorismo y alzamiento armado.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, declaró que los responsables de los daños económicos, que se estiman en más de 2.200 millones de dólares, deben rendir cuentas ante la justicia siguiendo el debido proceso.
Responsabilidad ante la justicia
Alcón enfatizó que “tienen que responder ante la justicia en el marco del respeto al debido proceso, eso es lo que corresponde, porque aquí se ha afectado al Estado, a la población, a la economía y a la libre transitabilidad”.
El bloqueo se llevó a cabo del 14 de octubre al 6 de noviembre y causó un daño significativo a empresas grandes, medianas y pequeñas, así como a sectores productivos y al transporte.
Agresiones durante el bloqueo
La viceministra también informó que durante el bloqueo se registraron agresiones contra policías, periodistas y personal de salud. En particular, en los puntos de bloqueo de Parotani y Mairana, los movilizados retuvieron a policías y periodistas, utilizando explosivos para obstaculizar los operativos de desbloqueo.
Se reportó que al menos 25 trabajadores de la prensa fueron agredidos durante estas protestas; sufrieron robos de su material de trabajo y ataques con palos, piedras y explosiones de dinamita.
Investigaciones y hallazgos
“Si aquí se cometen delitos, la instancia que corresponde tiene que investigar en el marco del debido proceso y se tiene que responder a la justicia; no pretendan generar daños, cometer delitos y luego tratar de quedar impunes”, insistió Alcón.
La Policía Boliviana informó que en el domicilio de Cucho se encontraron municiones y armamento de guerra. Además, las autoridades están movilizándose a nivel nacional para cumplir con la aprehensión de Ponciano Santos y el exministro Juan Ramón Quintana, quienes también enfrentan acusaciones por terrorismo, alzamiento armado y daños a bienes del Estado.
