El diputado Óscar Balderas, de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), ha solicitado al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, que se reabran cinco casos emblemáticos de tortura y asesinato en el Chapare. Estos casos datan de más de 20 años y han permanecido sin resolver. Balderas advierte sobre la posible responsabilidad del Estado ante demandas internacionales por la impunidad que persiste en estos casos.
Solicitud de reapertura de casos
El 14 de noviembre, en Sucre, Balderas presentó un memorial en el que reclama por la “impunidad” en estos casos, que involucran delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, según la legislación internacional. “Estos casos datan de hace más de 20 años, pero no pueden prescribir. El Estado boliviano tiene la responsabilidad de investigarlos; de lo contrario, enfrentará demandas internacionales”, declaró el legislador.
Contexto de impunidad en Chapare
Balderas subrayó que la región del Chapare ha sido históricamente un territorio marcado por el crimen organizado y la débil presencia del Estado. Esta situación ha causado un gran dolor y sufrimiento a muchas familias bolivianas. Los casos que se mencionan en su solicitud son: el asesinato de los esposos David Andrade y Graciela Alfaro (2000), quienes fueron víctimas de tortura antes de ser asesinados; la tortura y el homicidio de los militares Juan Clemente Lazarte y Julio Veramendi Torrico (2000); el asesinato del soldado Mario Copa Catacora (2003); el caso de las hermanas Terán (2008), implicadas en narcotráfico y en el asesinato de los esposos Andrade; y la muerte del médico Michael Olivares (2013), también bajo circunstancias de tortura.
Denuncias e investigaciones inconclusas
“Son solo algunos de los casos conocidos, cuyas denuncias e investigaciones han quedado inconclusas o archivadas. Además, se tiene conocimiento de otros crímenes que ni siquiera llegaron a ser denunciados”, anotó el legislador. En su carta, recordó que la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público obligan al Estado a defender la legalidad y garantizar que no haya espacio para la impunidad.
Presión sobre las autoridades
Balderas instó a Mariaca a actuar con firmeza, resaltando que una justicia efectiva es clave para fortalecer la institucionalidad y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del país. Este pedido se enmarca en un contexto más amplio de cuestionamientos sobre el rol del Estado en regiones donde el narcotráfico y el crimen organizado han ganado terreno, debilitando el Estado de derecho y dejando a las familias afectadas en un estado de desamparo.
Reacción del fiscal general
Hasta el momento, el fiscal general no ha emitido un pronunciamiento público sobre esta solicitud. Sin embargo, el llamado de Balderas añade presión sobre las autoridades para dar respuesta a demandas de justicia que han permanecido sin resolver durante años. “El país y el mundo saben que el Chapare se ha convertido en una región donde reina la impunidad y la protección, donde no existe ninguna ley vigente”, afirmó Balderas a través de un video compartido en las redes sociales.
El diputado considera imprescindible que el Ministerio Público reabra casos que “quedaron en el olvido” y advierte que si no se resuelven estos casos, Bolivia puede enfrentarse a demandas en tribunales internacionales.
