La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el miércoles 13 de noviembre la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Esta condena se debe a su participación en la administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas al empresario Lázaro Báez. El fallo también incluyó penas para otros exfuncionarios que estuvieron involucrados en el caso.
La decisión fue comunicada durante una audiencia pública en los tribunales de Comodoro Py. A pesar de la confirmación de la condena, esta puede ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fallo, que abarca más de 1.600 páginas, también ratificó las penas para Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López (6 años de prisión) y el exdirector de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti (6 años). Sin embargo, se absolvió al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y al exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.
Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña confirmaron la condena a Cristina Fernández, mientras que el juez Gustavo Hornos sugirió añadir el delito de asociación ilícita al caso.
Posibilidad de apelación
Aunque el fallo fue emitido, no tendrá efectos inmediatos, ya que las partes tienen un plazo de 10 días hábiles para apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta última será la encargada de decidir en última instancia. Si la Corte ratifica la decisión de Casación, la sentencia se volverá firme y ejecutable. Sin embargo, la Corte no tiene un plazo definido para emitir su resolución.
Decomiso de fondos
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal también confirmó el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos. Los hechos investigados se relacionan con 51 licitaciones para obras viales en rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, que ocurrieron entre 2003 y 2015. Este esquema de fraude afectó los recursos del Estado nacional.
Se determinó que durante este período, las obras fueron adjudicadas de manera sistemática a empresas vinculadas a Lázaro Báez. La mayoría de estos procesos fueron gestionados por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, que contaba con facultades delegadas de la Dirección Nacional de Vialidad. En algunos casos, las licitaciones fueron manejadas directamente por este último organismo.
Responsabilidad de funcionarios
Los acusados Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez fueron señalados por avalar irregularidades durante las licitaciones y ejecución de las obras. También se responsabilizó a José Francisco López, quien se desempeñó como secretario de Obras Públicas.
Se evidenció un conjunto de acciones del Poder Ejecutivo Nacional que facilitaron la realización de la maniobra. Un aspecto destacado fue el Decreto PEN 54/09, que fue firmado por Cristina Fernández y propuesto por José Francisco López.
Perjuicio económico al Estado
El perjuicio económico para el Estado se estimó en aproximadamente 84.000 millones de pesos. En este contexto, es importante señalar que las obras adjudicadas de manera irregular a Báez estuvieron relacionadas con el rápido crecimiento económico del empresario en la región.
