La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se encuentra en un momento crítico, donde se sugiere la emisión de una resolución que respalde el proceso de elecciones judiciales en Bolivia. Esta medida surge como respuesta a los posibles conflictos internos dentro de la Cámara de Diputados, que podrían obstaculizar la aprobación de una ley corta necesaria para avanzar con este proceso electoral.
La discusión sobre esta resolución está programada para llevarse a cabo durante una reunión de bancada.
Presiones del Tribunal Supremo Electoral
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, enfrentan presiones significativas por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este organismo ha solicitado un refuerzo normativo urgente, ante la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que busca paralizar los comicios judiciales.
Importancia del proceso electoral
Luis Adolfo Flores, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), enfatizó que «lo que no se quiere es paralizar este proceso», subrayando su importancia para el ordenamiento del país. El miércoles 13 se conformará el Comité de Comisiones del Senado, lo cual podría ser clave para abordar las leyes pendientes y facilitar un avance rápido.
Obstáculos en la Cámara Baja
Flores mencionó que aunque lo ideal hubiera sido aprobar una ley formalmente estructurada para «blindar» el proceso eleccionario del Órgano Judicial, los problemas internos en la Cámara Baja podrían ser un obstáculo para su aprobación.
Propuesta de resolución obligatoria
La propuesta actual incluye convocar a una sesión de la asamblea para establecer una resolución obligatoria destinada a coordinar acciones con el TSE. Sin embargo, hay voces críticas dentro del propio MAS sobre esta estrategia; algunos consideran insuficiente esta solución rápida ante los desafíos institucionales existentes y han manifestado desconfianza hacia las garantías ofrecidas por magistrados del Tribunal Constitucional.
Consecuencias de la falta de consenso
Las consecuencias potenciales son significativas: si no se logra alcanzar un consenso pronto entre los presidentes legislativos y sus respectivas bancadas, podría haber retrasos adicionales en procesos legales. Esto incluye el tratamiento de proyectos de ley pendientes, como la ley del bosque o la regulación sobre bonos de carbono.
Esto afectaría directamente al desarrollo sostenible y ordenado del país.
