Bolivia

Elecciones judiciales: TSE cuestiona sentencia que declara desierta convocatoria al TSJ y al TCP

Sentencia declara desiertas las convocatorias a las elecciones en dos departamentos para el TSJ y en cinco para el TCP / Foto Referencial
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) expresa su disconformidad con la reciente Sentencia Constitucional Plurinacional que declaró desierta la convocatoria a magistrados. Esta decisión atenta contra el desarrollo del proceso electoral en Bolivia.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha manifestado su desacuerdo con la reciente Sentencia Constitucional Plurinacional que declaró desierta la convocatoria para elegir magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en varios departamentos. Esta decisión, según el TSE, afecta negativamente el desarrollo del proceso electoral actual y la integridad del sistema democrático en Bolivia.

Acciones legales del TSE

Ante esta situación, el TSE ha anunciado que tomará acciones legales para proteger los derechos políticos de los electores y asegurar la elección de autoridades judiciales programada para el 15 de diciembre. La Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió declarar desierta la convocatoria a magistrados y magistradas para el TSJ en los departamentos de Beni y Pando, así como para el TCP en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

Preocupación por derechos colectivos

El TSE ha expresado su preocupación por la limitación de los derechos colectivos de los ciudadanos, quienes se verán impedidos de ejercer su voto por los candidatos en las instancias mencionadas. Esta situación es considerada por el TSE como un antecedente negativo y peligroso para la seguridad jurídica en la organización y administración de futuros procesos electorales.

Compromiso con la Constitución

A través de un pronunciamiento, el TSE ha indicado que tomará las acciones legales necesarias en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y el bloque de constitucionalidad. El objetivo es proteger los derechos políticos de los electores bolivianos y salvaguardar el sistema democrático en el país.

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