El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, ha presentado una denuncia contra el expresidente Evo Morales. Esta denuncia incluye acusaciones por delitos de terrorismo y alzamiento armado, y surge a raíz de los bloqueos que se han registrado en Yapacaní. Inicialmente, la causa fue remitida a la Fiscalía en Santa Cruz, pero posteriormente fue trasladada a un juzgado en Sipe Sipe, luego de que el juzgado de Villa Tunari declinara su competencia. Cuéllar considera que este movimiento es un intento de encubrimiento por parte del Estado.
Detalles del proceso judicial
Según la disposición del juez Gualberto Quispe de Villa Tunari, “se declina competencia por razón de territorio; disponiéndose la remisión del cuadernillo procesal ante el señor juez de Instrucción en lo Penal de la localidad de Sipe Sipe, provincia Quillacollo, del departamento de Cochabamba”. Esta decisión ha generado preocupación en Cuéllar, quien ve en ello un intento de proteger a Morales.
Cuéllar presentó la denuncia en el Ministerio Público en Santa Cruz, ya que no pudo llegar a Cochabamba debido a los bloqueos en Yapacaní. Sin embargo, la causa fue sorpresivamente trasladada al juzgado en Villa Tunari y, tras la declinación de competencia, se envió al municipio de Sipe Sipe, donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene un amplio respaldo.
Acusaciones y contexto político
El rector Cuéllar ha manifestado que “pretenden proteger al señor Evo Morales”. Asegura que, tras admitir la denuncia, la causa fue derivada a Villa Tunari, donde Morales tiene una fuerte influencia. Cuéllar considera que esto es un claro indicio de encubrimiento por parte del Estado.
La denuncia, presentada en días anteriores, incluye acusaciones por delitos de alzamiento armado y terrorismo. Cuéllar ha solicitado en varias ocasiones que estos delitos sean tratados en Santa Cruz, ya que es el principal departamento afectado y donde ocurrieron los hechos mencionados.
Reacciones y críticas
A pesar de la gravedad de la denuncia, se ha indicado que la causa admitida solo considera «delitos leves». Estos incluyen obstrucción a la libertad de trabajo, a los medios de transporte y a los medios de comunicación, entre otros.
La denuncia presentada por Cuéllar ha generado un intenso debate sobre el manejo judicial y político en Bolivia. Los críticos argumentan que el traslado del caso podría influir en el resultado final, debido a las conexiones políticas que existen en las regiones involucradas.
