La Procuraduría General del Estado ha solicitado al Ministerio Público que amplíe las investigaciones por los delitos de terrorismo y asociación delictuosa en contra del exministro Juan Ramón Quintana y los dirigentes campesinos «evistas» Humberto Claros y Ponciano Santos. Se les considera presuntos organizadores de bloqueos y protestas violentas que han tenido un impacto negativo en la economía y en los derechos humanos.
Esta solicitud fue presentada inicialmente el 3 de noviembre y se ha reiterado recientemente por el subprocurador Ricardo Condori. Según una nota de prensa, el proceso se basa en que estos individuos habrían organizado y fomentado bloqueos y protestas violentas. Esto incluye llamados públicos a realizar acciones específicas que afectan el orden público, como el bloqueo de vías de tránsito estratégicas y la toma de rehenes en instalaciones de las Fuerzas Armadas.
Impacto en la economía
El documento señala: “Estas actividades impactan negativamente en la economía de la población, los derechos humanos y van en contra de los intereses del Estado”. Además, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sevdavi), que depende del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, ha realizado un requerimiento similar.
Los dirigentes evistas han sido identificados en varias ocasiones por el Gobierno como responsables del bloqueo de carreteras en Cochabamba durante 23 días. En una entrevista televisiva, Quintana expresó que «el rito del bloqueo se alimenta a través de la sangre».
Desafío al orden público
La Procuraduría General del Estado ha subrayado que estas acciones no solo afectan la economía local, sino que también representan un desafío para el orden público y los derechos fundamentales de los ciudadanos. La situación ha generado preocupación en diversas instancias del gobierno y la sociedad civil.
