Por : Christopher B. Anderson / Latinoamérica21
Es cada vez más evidente que la ‘crisis ambiental’ abarca la extinción de especies y el cambio climático, pero también incluye la pérdida y la diversidad cultural, la reducción de experiencias personales y sociales con la naturaleza, y la distribución desigual de la contaminación y la degradación ambiental entre las personas. Incluso, se puede afirmar que se ha construido un consenso internacional, reflejado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, de que enfrentamos una ‘crisis de valores’ que conlleva el reto de recuperar el sentido más holístico de la ‘vida’ que queremos conservar.
La construcción de un nuevo paradigma
A partir de los 80’, predominó en la conservación el concepto de ‘biodiversidad’, término acuñado por biólogos estadounidenses para expresar la ‘diversidad de vida’. Esta idea constituyó una innovación en su tiempo, ampliando el foco de la conservación más allá de las especies más carismáticas, por ser vistosas o grandes, e incluyendo la variabilidad genética, las interacciones tróficas y la heterogeneidad ecosistémica, pero manteniendo una aproximación basada en gran parte en el valor intrínseco (ej. la importancia de la naturaleza en sí), y las mediciones biofísicas (ej. número de especies, hectáreas de hábitat). Luego, en los 90’, surgió la economía ecológica a la par del concepto de ‘servicios ecosistémicos’, resaltando los valores monetarios y utilitarios (ej. medio para un fin humano) de la naturaleza.
Sin embargo, tratar la conservación exclusivamente desde lo ecológico o lo económico puede generar situaciones de injusticia hacia pueblos indígenas y comunidades locales. Ante la inequidad en el acceso y la distribución de las contribuciones de la naturaleza, estas poblaciones han sufrido muchas veces las políticas ambientales como imposiciones coloniales. Además, está demostrado que excluir a las personas de las decisiones perjudica su implementación en instrumentos de gestión práctica.
Desde los 2000, distintas iniciativas promueven aproximaciones más plurales. En particular, la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, por sus siglas en inglés, www.ipbes.net) ha avanzado en esta línea, desafiando incluso la validez de los términos que le dan nombre. Con aportes académicos y políticos desde el Sur Global, y particularmente de Latinoamérica, IPBES reconoce que ‘biodiversidad’, ‘naturaleza’ y ‘servicios ecosistémicos’ tienen un arraigo en la cultura occidental. Por ejemplo, ‘naturaleza’, en su uso común se asocia a el mundo material, incluyendo plantas, animales y procesos, donde no haya intervenido el humano.
No obstante, estudios etnoecológicos demuestran que para la mayoría de los 1.000 idiomas que aún se hablan en América, no hay una distinción entre lo natural y lo social, sino que se concibe una sola esfera de ‘vida’ interrelacionada, como evidencia el trabajo de la venezolana Egleé Zent en conjunto con los Jotï que habitan la Amazonía. Otro ejemplo viene de la cosmovisión andina con su concepto de ‘Pachamama’ que se basa en una relación distinta con el entorno, ya que no es simplemente utiliza otro nombre para ‘naturaleza’, sino que la entiende como un individuo, lo cual conlleva otras responsabilidades como con una madre. En este sentido, IPBES también amplió el concepto ‘bienes y servicios’ de los ecosistemas, con su fuerte connotación economicista y utilitaria, y acuñó ‘contribuciones de la naturaleza para la gente’ (CNG) para ser más ameno a otras cosmovisiones, sistemas de conocimiento, culturas e idiomas desde una perspectiva más relacional y contextual.
¿Qué aspectos faltan incorporar?
A pesar de los avances, aún hace falta institucionalizar la valoración plural de la naturaleza con sus aspectos ecológicos, monetarios, socioculturales y de salud. Históricamente, los debates sobre la conservación se dieron principalmente desde el ámbito científico del Norte Global, pero siempre con implicancias en las políticas ambientales a nivel mundial. Hoy, la conservación más inclusiva incorpora ideas con un sello ‘desde el Sur’. Por ejemplo, el Marco Mundial Kunming-Montreal no solo busca conservar 30% de la superficie del planeta para el año 2030 (conocida como la meta ‘30×30’), sino lograrlo con sistemas de gobernanza equitativos que reconocen los múltiples valores y cosmovisiones de la naturaleza.
Ahora, estamos frente el desafío de implementar este giro paradigmático, y justamente en la COP16, que se celebra en Cali, Colombia, entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre, se está negociando un sistema de monitoreo para las Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Planes de Acción (NBSAPs por sus siglas en inglés) y así hacer un paso significativo para institucionalizar la conservación inclusiva.
El rol de Latinoamérica
En este contexto, Latinoamérica ostenta un papel privilegiado, ya que cuenta con pensadores y pensadoras de vanguardia que han abierto espacios conceptuales que permiten esta diversidad de voces, o lo que el colombiano Arturo Escobar denomina ‘pluriversos’, en contraposición del pensamiento occidental que presupone una forma única de pensar-hacer el ‘universo’. Además, la región ha nutrido procesos socio-políticos de base relacionados con iniciativas indígenas, campesinas y afrodescendientes, cuyos referentes han llegado a altos cargos de gobierno en países como Colombia y Brasil.
Además, desde Latinoamérica, se ve el efecto de un ‘Papa del Sur’ liderando la Iglesia Católica, al proponer otra relación con la naturaleza en el Laudato Si, o el primer convenio ambiental latinoamericano denominado Acuerdo Escazú que asegura acceso a la información, participación y justica en temas ambientales, el cual representa un ejemplo de relevancia a nivel global.
No obstante lo anterior, cabe recordar también que a pesar del potencial de la región en co-construir este nuevo paradigma, Latinoamérica sigue siendo el continente más peligroso para los defensores ambientales, con el 85% de los asesinatos a nivel mundial, según el informe 2023 de Global Witness. Esta tragedia demuestra que, pese su liderazgo en temas socio-ambientales, aún queda mucho por hacer para materializar la recuperación del sentido de la ‘vida’ en todos los territorios.
Afortunadamente, hay muchos aliados y encontramos modos de vida complementarios en regiones tan diversos como Japón donde el concepto satoyama hace referencia a los paisajes culturales-ecológicos integrados, en África sub-Sahariana con ubuntu que relaciona al individuo con otros y el entorno físico, o en Nueva Zelanda donde se ha desarrollado una definición política de bienestar nacional que incorpora la cosmovisión maorí que se guía por los principios de kotahitanga (trabajar de manera coordinada), tikanga (tomar decisiones alineadas con los valores correctos), manaakitanga (aumentar el poder y agencia de otros a través del respecto y cuidado) y tiakitanga (administración responsable). Parecería que la búsqueda de ‘vivir bien’ tiene manifestaciones similares en todo el mundo.
Conclusión
Al terminar su discurso ante la Cumbre de Río+20, el entonces presidente uruguayo Pepe Mujica afirmó que “cuando luchamos por el medio ambiente, tenemos que recordar que el primer elemento del medio ambiente se llama felicidad humana”. Luego, citó a filósofos romanos, griegos y aimara. Esas palabras evidencian el potencial de Latinoamérica en repensar la conservación. La región ahora debe aprovechar esta oportunidad para integrar la diversidad biológica y cultural y combinar las cosmovisiones ancestrales con las perspectivas occidentales.
Un nuevo paradigma basado en la equidad, diversidad, inclusión y justicia de las múltiples voces de la conservación nos permitirá reconsiderar qué es ‘vivir bien’. De esta manera, estaremos mejor preparados para atender la extinción de especies y la pérdida de las contribuciones de la naturaleza para la gente, pero también para enfrentar la reducción de experiencias con la naturaleza y la amenaza a la diversidad cultural. En su conjunto, esta ‘crisis de valores’ requiere recuperar el sentido holístico de la ‘vida’.
Un texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.
Christopher B. Anderson es doctor en Ecología. Profesor Titular de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) e Investigador Principal del CONICET. Co-líder de la Red Contribuciones de la Naturaleza para la Argentina (CONATURAR) y Editor-en-Jefe de Conservation Biology.
