Por: Andréa Lopes da Costa / Latinoamérica21
En octubre de 2024 finalizó otro proceso electoral en Brasil, con cargos de alcaldía y concejalía disputados en todo el país. Aunque los resultados de la elección aún no reflejan el aumento significativo de candidaturas de mujeres negras registradas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) este año, en cada elección crece la movilización para que las mujeres negras, en particular, ocupen cargos en la política institucional.
A pesar de que los resultados aún son modestos, estamos ante un movimiento imparable: ayer se disputó el Supremo Tribunal Federal (STF); hoy, los cargos legislativos mayoritarios y proporcionales, mañana será el Senado.
La participación de mujeres negras en la política institucional ha sido un elemento distintivo en el escenario internacional, con expresiones recientes como Epsy Campbell, vicepresidenta de Costa Rica entre 2018 y 2022, y Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia desde 2022. Epsy Campbell no solo fue vicepresidenta, sino la primera persona negra en ocupar ese cargo en toda América Latina; por su parte, Francia Márquez es un símbolo de activismo comprometido con causas ambientales y de derechos humanos.
En Brasil, la demanda por la presencia de mujeres negras en la política institucional es una fuerte agenda de los sectores del feminismo negro, una campaña que se fortaleció tras el asesinato de la concejala Marielle Franco y adquirió relevancia mediática en 2023, cuando el Gobierno Federal, al reorganizar el tablero del juego democrático, comenzó su gestión con la misión de seleccionar dos nombres para el Supremo Tribunal Federal.
Superada la frustración generada por el nombramiento de los nuevos jueces, la campaña continuó en los procesos electorales municipales de este año, que, aunque parezcan de menor escala, son representativos del enfrentamiento que ocurrirá en las próximas elecciones, con candidaturas a cargos mayoritarios como presidente y gobernador, así como a diputados federales, estatales y senadores.
Será un momento para discutir el perfil de las candidaturas ideales para tales cargos. Tradicionalmente, la respuesta sintética a esta duda comenzaría por la categoría de persona. Así, la persona elegida debería estar comprometida con la democracia, defender el Estado laico, abogar por los derechos sociales, salvaguardar la Constitución y cumplir con la conducta ética requerida por el cargo.
En este discurso, «persona» es la traducción habitual para un individuo universal, sin considerar su condición de género, raza u otros elementos distintivos.
Desde esta perspectiva, las demandas de grupos específicos, fundamentadas en género y raza, serían vistas como identitarismos culturalistas superficiales, una moda reciente y peligrosa que prioriza la identidad y las dimensiones culturales, ocultando los problemas reales, cuya base serían las desigualdades económicas y sociales. Este enfoque dividiría el campo de las luchas progresistas y pasaría por alto que, independientemente de la raza o el género, lo que está en juego es un proyecto de nación democrática e igualitaria.
El error de esta concepción radica en suponer que «persona» es una construcción neutra, desprovista de género y raza. La noción de «persona» a menudo refleja elecciones posicionadas. Y la contundencia con la que los movimientos sociales, especialmente los movimientos feministas y raciales, se proyectaron en el imaginario político a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuestionó la neutralidad de las concepciones universales, exponiendo la imposibilidad de un proyecto de igualdad social que ignorara la especificidad de la condición de género y raza.
Género y raza están en la base de la elaboración del mundo tal como lo conocemos: son, por ejemplo, organizadores del trabajo, definiendo el perfil de inserción y ocupación, los patrones de empleabilidad y desempleo, y la actuación en el ámbito público y privado, lo que conlleva a diferencias en los salarios y remuneraciones. En consecuencia, son los factores que determinan el acceso a bienes material y simbólicamente deseables, como el poder y el prestigio. Género y raza también alimentan las predisposiciones subjetivas que llamamos gustos, preferencias u opiniones, estableciendo así estándares estéticos, afectivos y de elección.
Por ello, al responder sobre la importancia de la elección de mujeres negras, en realidad estamos respondiendo a otra pregunta: ¿Por qué apoyar a una mujer negra en la política institucional nunca ha sido sólo sobre tener a una mujer negra en la política institucional?
Discutir la presencia de mujeres negras en la política institucional no es una mera formalidad. No lo fue en los últimos procesos electorales, no lo fue en el caso del STF, y no lo será ahora ni en 2026. Se trata de una disputa importante que está lejos de ser meramente identitaria o de representatividad numérica. No se trata solo de reivindicar la presencia de mujeres negras en cargos de poder en el ámbito político, sino de un perfil específico que refleje una visión progresista de la realidad social.
Así, no se trata simplemente de tener a una mujer negra en la política institucional, sino de la calidad de la democracia y del proyecto de igualdad y justicia social que se pretende desarrollar. En resumen, se trata de disputar un proyecto de país.
Volviendo al STF, en sus 132 años de existencia, 171 ministros han pasado por sus escaños: 165 hombres blancos, 3 hombres negros y 3 mujeres blancas. Sería un error suponer que la elección de 165 hombres blancos es meramente casual.
Los parlamentos también son espacios ejemplares de esta distinción. De los 513 diputados federales electos en 2022, 135 se autodeclararon negros, incluyendo el 19% que se había presentado como blanco en la elección anterior. Este dato es interesante, ya que, si se excluyeran estos cambios de autodeclaración, tendríamos un 11,29% menos de diputados negros en comparación con 2018. Además, en esta bancada, hay 91 mujeres, de las cuales 29 son negras.
Actualmente, uno de los espacios más emblemáticos es el Senado Federal. En sus 200 años de existencia, Laélia de Alcántara (PMDB-AC) asumió en 1982, siendo la primera mujer negra y la tercera mujer en la historia en convertirse en senadora. Después de Laélia, solo Benedita da Silva y Marina Silva. Tres mujeres negras progresistas, con agendas democráticas y de equidad de género y raza. Por ello, la disputa por el Senado se ha observado con especial atención, sobre todo porque ahí se librarán los principales debates entre progresistas y conservadores sobre un proyecto nacional.
En el escenario político actual, destacan dos mujeres negras que tienen posibilidades reales de ocupar escaños en los próximos dos ciclos: Anielle Franco, Ministra de Igualdad Racial, y Erika Hilton, Diputada Federal. Sus nombres han circulado en los bastidores políticos como candidatas viables para que mujeres negras con un perfil progresista ocupen escaños en el Senado.
Anielle Franco representa sectores del feminismo negro, pero ha ganado fuerza no solo en temas de género y raza, sino también en el debate democrático más amplio. En su ministerio, ha fomentado el diálogo con los sectores políticos, intelectuales y tradicionales del movimiento negro, lo que le ha otorgado legitimidad en el debate público.
Erika Hilton, la primera mujer trans en liderar una bancada en el Congreso Nacional, probablemente no cumplirá 35 años en 2026. Fue elegida la mejor diputada de 2024 y sus propuestas incluyen la protección de refugiados climáticos y personas sin hogar. Goza de amplia aceptación entre los progresistas y cuenta con el reconocimiento como figura pública carismática, con millones de seguidores. Sin duda, un nombre fuerte para 2030.
Si se confirman las previsiones, serán dos candidatas que cumplirán con la afirmación de que: apoyar a una mujer negra en la política institucional no se trata solo de tener a una mujer negra en la política institucional, sino de tener un proyecto político en disputa, especialmente con agendas enfocadas en la equidad y justicia social.
Si se confirman las previsiones: tras las elecciones de 2024, preparémonos para el Senado.
Andréa Lopes da Costa: Doctora en Sociología. Profesora Asociada en la Escuela de Ciencia Política y Profesora Permanente del Programa de Posgrado en Memoria Social y en Ciencia Política de la UNIRIO. Integrante de los Comités de Investigación en Sociología de las Relaciones Étnico-Raciales, en la SBS; de Género, Raza y Diversidad, en la ABCP; y de Raza y Etnicidad, en la ANPOCS.
