La diputada de Creemos, Tatiana Añez, ha denunciado que se impidió el acceso de asambleístas al juzgado donde se realiza la audiencia del juicio oral por el caso «Golpe de Estado I». Este caso involucra a la expresidente Jeanine Áñez, al gobernador cruceño suspendido, Luis Fernando Camacho, y al excívico potosino Marco Antonio Pumari.
La situación ocurrió el jueves por la mañana, cuando los legisladores intentaron entrar al recinto judicial para cumplir con su función de fiscalización en un proceso que la oposición ha calificado como injusto.
A las 9:00 horas de ese jueves, comenzó la audiencia del juicio oral con la presencia de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. La diputada Añez afirmó que identificaron a un abogado que estaba convocando a personas para que agredieran a los parlamentarios, lo que podría resultar en lesionados y heridos.
La diputada también mencionó que no han podido comunicarse con ninguno de los acusados y denunció la existencia de una barrera policial que, según ella, viola las garantías de acceso a la justicia. Añez subrayó que las audiencias deben ser públicas y cuestionó la razón por la cual se prohíbe la presencia en este juicio. «El gobierno esconde algo, quiere seguir callando y ocultar que en 2019 hubo un fraude electoral y ahora tienen a los acusados en un juicio injusto, sin argumento ni sustento legal», expresó.
Solicitan pena máxima
Jorge Nina, abogado de la exdiputada Lidia Patty, quien es la denunciante del caso, indicó que solicitará la pena máxima establecida por la ley para Jeanine Áñez Chávez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Estos son los principales acusados en el juicio denominado «Golpe I», procesados por presuntos delitos de terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Los legisladores señalaron que se les impidió el ingreso al juzgado porque no figuraban en la lista que el juez había enviado. Al mismo tiempo, argumentaron que como representantes del pueblo tienen el deber de fiscalizar y participar para evitar cualquier tipo de atropello.
Prohibición de acceso a la audiencia
La senadora Centa Rek también expresó que se formó un anillo de policías que impedía el paso a la audiencia. Sin embargo, se permitió la entrada al abogado de Lidia Patty y a su asistente, mientras que los legisladores no pudieron ingresar. «Así es como el gobierno maneja las audiencias, sin fiscalización y con poca claridad en Bolivia», comentó.
La diputada Añez enfatizó la importancia del acceso público a las audiencias judiciales, considerándolo un derecho fundamental en un estado democrático. Además, destacó el impacto negativo que situaciones como esta tienen en la percepción pública del sistema judicial boliviano.
/NMC
