El veto del presidente de Argentina, Javier Milei, a una ley que financia la educación pública superior ha intensificado el conflicto con profesores y estudiantes. Estos grupos reclaman un aumento en los fondos destinados a las universidades.
El conflicto en el ámbito universitario comenzó a inicios de 2023, cuando se intensificaron las protestas de profesores, personal no docente y estudiantes. Esto fue en respuesta a la decisión del Gobierno de no actualizar el presupuesto asignado a las universidades públicas. Este presupuesto había sufrido un recorte significativo en términos reales debido a la alta inflación en Argentina, que alcanzó un pico del 289,4 % interanual en abril, resultado de las políticas del gobierno anterior.
Después de una masiva movilización de protesta el 23 de abril, el Ejecutivo decidió otorgar fondos adicionales para asegurar el funcionamiento de las universidades. Sin embargo, los reclamos continuaron por parte de los sindicatos debido a la falta de un ajuste salarial que compensara la inflación.
Simultáneamente, sectores de la oposición promovieron un proyecto de ley de financiación para la educación universitaria. Esta ley fue aprobada el 13 de septiembre, pero Milei la vetó completamente mediante un decreto firmado el 3 de octubre, justo un día después de otra gran movilización que exigía mayores fondos para la educación superior.
El coste de financiar la universidad pública
La ley de financiación universitaria establece que los fondos para los gastos de funcionamiento de las universidades se deben actualizar según la variación del índice de inflación, que en agosto se situó en el 236,7 % interanual. Además, la norma ordena una recomposición de los salarios universitarios, también considerando la inflación.
Al vetar esta ley, Milei argumentó que su implementación pondría en riesgo el objetivo de equilibrio fiscal que busca el Gobierno. Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley tendría un impacto presupuestario equivalente al 0,14 % del PIB, lo que la comunidad universitaria considera que no afectaría significativamente las cuentas públicas.
El Ejecutivo ha manifestado su intención de discutir la financiación de las universidades en el marco del debate parlamentario del presupuesto nacional para 2025.
El veto presidencial
La Constitución argentina permite al presidente vetar total o parcialmente una ley. Este veto puede ser superado por el Parlamento si se vuelve a someter a votación el proyecto y se obtiene el apoyo de al menos dos tercios de ambas cámaras legislativas. Actualmente, el oficialismo se encuentra en minoría y necesita formar alianzas con sectores de la oposición.
Los sectores opositores han convocado a una sesión plenaria en la Cámara de Diputados para debatir sobre el veto a la ley, que se llevará a cabo este miércoles, en medio de fuertes protestas organizadas por movimientos sociales y educativos.
Recientemente, Milei también vetó otra ley que establecía aumentos en las jubilaciones, pero logró evitar su ratificación parlamentaria gracias al voto negativo de ciertos sectores de la oposición.
Si el Parlamento decide rechazar el veto presidencial, el Gobierno no descarta llevar el asunto a la Justicia. Argumentan que la ley está «viciada» porque no especifica de dónde deben provenir los recursos para cubrir los gastos estipulados, lo que contradice normativas sobre la administración presupuestaria.
La importancia de la educación pública
Desde 1949, el acceso a la educación universitaria pública es gratuito para los estudiantes en Argentina. Muchas de las 57 universidades nacionales financiadas por el Estado tienen una buena reputación académica. Esta gratuidad ha permitido que amplios sectores de la población accedan a estudios universitarios.
En un contexto donde la pobreza es más pronunciada entre los jóvenes, seis de cada diez personas de entre 15 y 29 años no pueden satisfacer sus necesidades básicas, según datos oficiales del primer semestre de 2023.
La relevancia de la educación superior pública es evidente. Según las cifras oficiales más recientes, en 2022 había 510.221 alumnos matriculados en universidades privadas, mientras que casi 2 millones estaban en universidades nacionales estatales.
