El Concejo Municipal de Oruro (CMO) ha iniciado un proceso ante la Fiscalía en contra del exalcalde Saúl Aguilar Torrico. Esto se debe a un presunto delito de incumplimiento de deberes. Según la denuncia, la exautoridad llevó a cabo la adquisición de equipos médicos, insumos y otros materiales en el año 2020, durante la pandemia del Covid-19. Sin embargo, estos no fueron registrados en el sistema de contratos ni enviados a la Contraloría General del Estado.
Detalles de la denuncia
La denuncia detalla que la Contraloría General del Estado supervisa las acciones realizadas para la prevención, control, atención y tratamiento de la pandemia del Covid-19. En este contexto, se menciona una nota fechada el 10 de mayo de 2021, emitida por el gerente departamental de Oruro de la Contraloría, Samuel Maldonado Condorena. En esta nota se indica que se realizó una evaluación de los contratos elaborados por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) entre el 11 de marzo y el 31 de julio de 2020.
La evaluación reveló que dos contratos, firmados el 15 y 20 de abril de 2020, fueron elaborados por el GAMO. Estos contratos se suscribieron bajo la modalidad de contratación directa para la adquisición de equipos, insumos médicos y otros materiales destinados a las acciones de prevención, control, atención y tratamiento de la pandemia. Sin embargo, se constató que estos contratos no fueron anotados en el sistema de registro ni enviados a la Contraloría General del Estado.
Falta de protocolización
Además, se señala que en los dos contratos no se realizó la protocolización ante un notario de fe pública ni con el notario de Gobierno. Esto plantea serias dudas sobre la legalidad y transparencia de las transacciones realizadas.
Decreto Supremo 4174
La denuncia también menciona que en 2020 se promulgó el Decreto Supremo 4174 por parte del Nivel Central del Estado. Este decreto tenía como objetivo autorizar a las entidades territoriales autónomas y a las entidades de la Seguridad Social de Corto Plazo a realizar contrataciones directas de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico y servicios de consultoría de personal en salud. Todo esto fue en respuesta a la «emergencia de salud pública de importancia internacional» provocada por el Covid-19.
El artículo 2, parágrafo III del decreto establece que las contrataciones directas realizadas bajo este marco son de exclusiva responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la entidad contratante. Dado que los dos contratos en cuestión no fueron registrados ni enviados a la Contraloría General del Estado, surgen indicios de responsabilidad penal, ya que estos contratos superan el millón de bolivianos.
Incertidumbre sobre los insumos
La denuncia plantea la preocupación de que no se sabe si se logró el objetivo de hacer llegar los insumos médicos a la población. Esto se debe a que se evadió el control que ejerce la Contraloría al no haber registrado, remitido ni protocolizado dichos contratos. Además, se menciona que la revisión de los contratos no especifica qué tipo de medicamentos, insumos o equipos médicos se adjudicaron.
Por lo tanto, se considera necesario establecer si estos contratos son reales y si los insumos médicos o equipos realmente llegaron a la población. La falta de claridad en estos aspectos genera serias dudas sobre la gestión de los recursos durante la pandemia.
