La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado oficialmente el caso del Hotel Las Américas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este caso está relacionado con violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante un operativo policial en Bolivia. Este desarrollo se produce después de que la CIDH rechazara la solicitud del Gobierno boliviano para prorrogar el plazo en el que debía cumplir con las recomendaciones del Informe 394/21. Como resultado, el caso ha sido llevado a la Corte IDH.
En julio, se hizo público que la CIDH envió una nota a la Cancillería de Bolivia, en la que se negaba la prórroga solicitada. En respuesta a esto, la Procuraduría de Bolivia emitió un comunicado en el que anunciaba que la abogacía del Estado se encargaría de definir la estrategia procesal y asumiría la defensa de los intereses del Estado ante la Corte IDH en relación con este caso.
Responsabilidad del Estado
La CIDH ha determinado que el Estado de Bolivia es responsable de violar varios derechos fundamentales. Estos incluyen el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, así como el derecho a la protección de la honra y dignidad, y el derecho a la protección judicial. Estos derechos están consagrados en los artículos 4, 5, 7, 8, 11 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento.
Además, la CIDH ha mencionado los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En este contexto, la Comisión ha recomendado a Bolivia varias medidas concretas. Una de las principales es la reparación de las violaciones a los derechos humanos a través de compensaciones económicas y medidas de satisfacción que busquen reparar tanto el daño material como el inmaterial.
Medidas de atención y rehabilitación
La CIDH también ha sugerido que se implementen medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas afectadas. Además, se ha recomendado llevar a cabo una investigación penal que sea diligente y efectiva, y que se realice dentro de un plazo razonable. Esto es fundamental para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.
Prevención de futuros incidentes
Por último, la CIDH ha instado a las autoridades bolivianas a adoptar medidas que prevengan futuros incidentes similares. Esto incluye la implementación de programas permanentes de formación en derechos humanos, dirigidos a la Policía, el Ministerio Público y la Judicatura. Estas recomendaciones son consideradas esenciales para garantizar justicia y reparación a las víctimas que han sufrido a causa de estos incidentes.
