El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, negó el jueves 3 de octubre haber detenido la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales. Esta orden está relacionada con un caso de estupro y trata de personas. Lanchipa aclaró que la paralización de la orden no fue una decisión del Ministerio Público, sino que se debió a una acción de libertad emitida por un juez en Santa Cruz.
Rechazo a las acusaciones
En una conferencia de prensa, Lanchipa se defendió de las acusaciones realizadas por la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez. Ella lo había acusado de interferir en la investigación en curso.
“El suscrito, en ningún momento, dio instrucción alguna para paralizar el proceso indicado. Por cuanto, dichas órdenes de aprehensión libradas por la comisión de fiscales no fueron dejadas sin efecto por el Ministerio Público, sino por una determinación de una juez de garantías constitucionales en la tramitación de una acción de libertad”, afirmó Lanchipa.
Detalles de la acción de libertad
La acción de libertad que se presentó determinó la nulidad de la orden de aprehensión. Esto se debió a que se consideró que se habían vulnerado derechos fundamentales de las partes involucradas y se detectaron inconsistencias procesales, explicó el fiscal general.
El miércoles, Gutiérrez denunció que fue destituida por negarse a abandonar la investigación contra Morales. Según su versión, Lanchipa le dijo que “ese caso no se toca”.
A pesar de las acusaciones, Lanchipa calificó de “negligente” el trabajo de la exfiscal, señalando que no cumplió con su obligación de supervisar adecuadamente las investigaciones del caso.
Además, Lanchipa aseguró que la destitución de Gutiérrez no estuvo relacionada con la orden de aprehensión contra Morales, sino que fue consecuencia de su desempeño profesional.
Contexto del caso
Este caso, que se remonta a 2015, involucra a Morales en una supuesta relación con una adolescente de 15 años, quien era parte de su Guardia Juvenil. La investigación también se extiende a los padres de la menor, quienes supuestamente consintieron la relación a cambio de favores políticos.
A pesar de las declaraciones de Lanchipa, cuando se le preguntó por qué el caso no fue investigado en 2020, cuando ya existía la denuncia, el fiscal general decidió retirarse sin ofrecer una respuesta.
