Las asociaciones de transporte urbano en Lima realizaron un paro significativo este jueves en la capital peruana. Esta protesta se llevó a cabo para exigir mayor seguridad ante la creciente ola de extorsión que afecta tanto a su sector como a la ciudadanía en general. Como resultado de esta situación, el Gobierno decidió declarar el estado de emergencia en 12 distritos de Lima y en la vecina provincia del Callao.
Decenas de empresas del gremio del transporte se unieron a la manifestación, suspendiendo sus actividades para expresar su indignación por la extorsión. En las últimas semanas, esta problemática ha llevado a la trágica muerte de 3 personas.
Los transportistas denunciaron que las acciones de la policía no son suficientes para enfrentar un escenario donde el cobro de cupos, secuestros y extorsiones son una realidad cotidiana. Esta situación no solo les afecta a ellos, sino también a los vecinos de la ciudad.
Demandas de los transportistas
“No estamos pidiendo que baje el combustible, no estamos pidiendo mejores condiciones económicas, estamos pidiendo garantías, seguridad para el ciudadano y para todos los transportistas”, afirmó a EFE el presidente de la Federación Nacional de Mototaxi en Perú, Julio García.
Durante la protesta, los transportistas recordaron a un joven conductor de autobús que fue asesinado el lunes pasado a los 21 años. Su muerte ocurrió porque no aceptó un pago de 7 soles (2,15 dólares). La extorsión afecta de manera especial a propietarios de pequeños negocios, transportistas, ciudadanos que solicitan préstamos e incluso a colegios y comedores sociales.
El sector del transporte, que es poco regulado y presenta un alto grado de informalidad, ha sido especialmente vulnerable a estas situaciones. En lo que va del año 2024, ya se han registrado más de 14,000 denuncias por extorsión. En contraste, en todo el año 2022 se reportaron 15,974 denuncias, mientras que en 2023 la cifra ascendió a 22,294 y en 2021 se registraron 4,500.
Protesta pacífica y diálogo
La manifestación de los transportistas culminó en el Congreso, donde una delegación de representantes del sector presentó sus denuncias ante un grupo de parlamentarios en una rueda de prensa. “No hay más dirigentes afuera porque muchos han querido venir, pero no quieren dar la cara por miedo. Quienes estamos al frente pedimos a las autoridades que nos den seguridad porque es difícil estar al frente y saber que mañana nos pueden meter un balazo”, expresó uno de los dirigentes.
A lo largo de la jornada de protesta, que fue pacífica, la actividad comenzó temprano. La ciudad experimentó tramos con tráfico intenso y largas filas de pasajeros que intentaban llegar a sus lugares de trabajo. Sin embargo, en general, la población mostró empatía hacia los transportistas y la causa que defendían.
Medidas del Gobierno
Alrededor de las 14:00 horas, el Gobierno peruano convocó a los medios de comunicación para anunciar las medidas que se han tomado frente a esta situación. Se comunicó que se declaraba en emergencia por 60 días 11 distritos de Lima y uno de la provincia del Callao. En estas áreas, la Policía Nacional de Perú (PNP) será responsable de mantener el control interno, mientras que las Fuerzas Armadas llevarán a cabo acciones de apoyo para garantizar la seguridad de la población.
Además, el Gobierno detalló que enviará al Congreso un proyecto de ley que tipifica como «delito de terrorismo urbano» el sicariato, el secuestro, la extorsión y la posesión de armas de fuego de procedencia ilegal.
