El procurador General del Estado, César Siles, ha hecho una revelación importante sobre el estudio jurídico del abogado Eugenio Zaffaroni, quien es asesor legal del expresidente Evo Morales. Según Siles, este estudio recibió contratos millonarios que suman un total de Bs 93.833.947,43 durante la gestión del exprocurador Wilfredo Chávez, que abarca desde 2021 hasta 2023. Esta situación ha llevado al inicio de una demanda penal por presunta “terciarización” y “privatización” de la defensa legal del Estado.
En una conferencia de prensa, Siles informó sobre diez contratos que fueron firmados con estudios jurídicos, tanto nacionales como extranjeros. Estos contratos representaron un monto de Bs 11.953.800,00. De esta cantidad, se ejecutaron o pagaron Bs 5.433.603,90, a pesar de que en la Procuraduría había personal capacitado para llevar a cabo los trabajos que fueron contratados.
“En suma, en las tres gestiones 2021, 2022 y 2023, solamente para el pago de consorcios y peritos, abogados externos, nacionales y extranjeros, se han destinado 93 millones de bolivianos. Se preguntarán, ¿ese es el daño económico al Estado? Estamos en análisis, estamos en revisión, pero ya tenemos un primer resultado”, declaró Siles al referirse a los contratos que han sido remitidos a la Fiscalía.
Distribución de los montos
De acuerdo con la información proporcionada por Siles, en 2021 se destinaron Bs 54.284.602,49 para el contrato de abogados externos. En 2022, se asignaron Bs 22.244.951,71 y hasta septiembre de 2023 se han destinado Bs 17.304.392,23. Esta distribución de recursos ha generado preocupación sobre el uso de fondos públicos y la necesidad de revisar los procesos de contratación dentro de la Procuraduría.
Preocupaciones sobre el uso de recursos
La situación actual ha suscitado inquietudes sobre cómo se están utilizando los recursos públicos. Se ha señalado que algunos estudios jurídicos cobraban por hora y, en algunos casos, facturaban incluso por mensajes enviados a través de WhatsApp. Esto ha llevado a cuestionar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los contratos legales del Estado.
