Por: Débora Capri / Latinoamérica21
Brasil está discutiendo una nueva Reforma Tributaria. La reforma, que ahora se tramita en el Senado, debería aprobarse recién después de las elecciones municipales, enfrentando desafíos similares a los de la Cámara y requiriendo ajustes para garantizar una reforma positiva para la población y el medio ambiente.
Sin duda, la aprobación de una nueva Reforma Tributaria es un logro histórico. Durante décadas, Brasil ha sido rehén de un sistema cuya alta complejidad obstaculiza las prácticas de transparencia, alimenta políticas fraudulentas y contribuye a la concentración de la riqueza. Hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de reorganizar la política tributaria y poner la justicia fiscal en la agenda.
La tributación del consumo puede constituir una política pública, ya que trabaja para fomentar el consumo de productos y servicios que son beneficiosos para la población o el medio ambiente, y para desalentar aquellos asociados, por ejemplo, con enfermedades y la crisis climática. Los instrumentos movilizados en esta reforma tienen el potencial de calificar y modernizar el sistema tributario y mejorar la relación del Estado con las entidades federativas.
La Canasta Básica, los Regímenes Diferenciados y el Impuesto Selectivo pueden contribuir a la promoción de prácticas saludables y sostenibles, influyendo no sólo en la elección del consumidor, sino también en otros eslabones de la cadena productiva. Este puede fomentar, por ejemplo, el desarrollo de tecnologías limpias que, con el paso de los años, sustituyan el consumo de combustibles fósiles. Además, este nuevo modelo puede generar recursos que se dirigirán a programas de salud pública e iniciativas ambientales.
El texto presentado por el Poder Ejecutivo introdujo una Canasta Básica Nacional alineada con la Guía Alimentaria para la Población Brasileña, con foco en alimentos frescos y mínimamente procesados, respetando criterios de salubridad y regionalidad. El texto aprobado por la Cámara de Diputados amplió la lista original, que incluía hortalizas, frutas, legumbres y granos, para incluir otras siete categorías. Entre ellos, la polémica inclusión de una enorme variedad de carnes: vacuno, cerdo, cordero, cabrito, aves y pescado, y la inclusión de quesos, entre los que se incluyen productos ultraprocesados.
Aquí surge un problema relevante. Desde la discusión de la Propuesta de Modificación a la Constitución (PEC 45/2019), han quedado claras las intenciones de la industria alimentaria de ampliar la lista de productos exentos en la Reforma Tributaria, a través de sus asociaciones y contando con la fuerza política del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) y el Frente Parlamentario para el Emprendimiento (FPE) en el Congreso. La exención de la carne y los alimentos ultraprocesados fue defendida con el llamamiento a una lucha contra el hambre completamente disociada de cualquier noción de salud, seguridad alimentaria y protección del medio ambiente.
Estos sectores utilizaron argumentos falaces y evidencias falsas para justificar la dependencia de los alimentos ultraprocesados por parte de las capas más vulnerables y una supuesta viabilidad fiscal, que no es sostenible. El presidente de la Asociación Brasileña de la Industria Alimentaria (ABIA), João Dornelas, incluso negó los riesgos asociados a productos embutidos. También se formó una coalición denominada Sindicato de la Cadena Productiva de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (UNCAB) para intensificar su influencia en la Reforma Tributaria.
El texto prevé una reducción fiscal del 60% para todos los pesticidas, lo que perpetúa un modelo productivo centrado en el monocultivo y la exportación de materias primas como la soja, el maíz, la caña de azúcar y el trigo. Este modelo provoca degradación ambiental y compromete la salud pública, priorizando el mercado de ultraprocesados, derivados de estos commodities. Como resultado, se limita la viabilidad de las prácticas orgánicas y agroecológicas, que priorizan los alimentos frescos y mínimamente procesados, respetan los biomas y las culturas alimentarias y se centran en el mercado interno para promover políticas de lucha contra el hambre, la seguridad y la soberanía alimentaria.
Hay que considerar, por tanto, que el agronegocio vuelve a estar a la cabeza en términos de beneficios y competitividad. Vale recordar, por ejemplo, que la mayoría de alimentos sociobiodiversos, como los frutos secos y los aceites vegetales, no reciben ningún tipo de incentivo. Los privilegios prevalecen sobre un modelo de producción cuyo impacto ambiental tiene consecuencias catastróficas, traducidas en una alta contaminación del suelo, el agua y el aire. Además, crea barreras físicas, políticas y fiscales para la implementación de prácticas de producción más sostenibles y equitativas.
Impuesto selectivo
El proyecto suma una herramienta con una importante función social: el Impuesto Selectivo (IS). Este impuesto, ya implementado en varios países, tiene como objetivo disuadir el consumo de determinados productos y es el único en la EC que aplica recargos. Por eso, sobre él residen las mayores disputas en el Congreso.
Actualmente, la lista de productos objeto del Impuesto Selectivo incluye vehículos, aeronaves, embarcaciones, productos de tabaco, bebidas alcohólicas, bienes minerales y refrescos. Debemos celebrar la inclusión de estos elementos, entendiendo sus impactos negativos. Sin embargo, es fundamental tratar con más seriedad los productos ultraprocesados y los pesticidas. El consumo de alimentos ultraprocesados genera 57 mil muertes evitables al año, y costos millonarios en salud pública reflejados en el tratamiento de la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.
La inclusión de refrescos únicamente en el IS es muy tímida, especialmente considerando el espíritu pionero de la Guía Alimentaria y de la ciencia brasileña al acuñar el término ultraprocesados, y las contribuciones para comprender la epidemia del consumo de esos alimentos. La ampliación del selectivo sobre bebidas azucaradas ya es una realidad en varios países.
La inclusión de la carne en la Canasta Básica generó un desequilibrio fiscal que incrementó enormemente la tasa de referencia, creando un nuevo y enorme desafío para los senadores. Una forma de lograr este equilibrio es ampliando el alcance del Impuesto Selectivo, actuando como contrapeso en la balanza. Los senadores tienen la oportunidad de trabajar para reducir el consumo de productos más nocivos, por ejemplo, ampliando la lista de productos ultraprocesados, incluidos pesticidas, armas y municiones y envases de plástico.
Por tanto, la fiscalidad de los productos de alto consumo debe ir asociada a la promoción de nuevos entornos que permitan la adaptación a un patrón de consumo más saludable, más justo y más sostenible. De ahí la importancia de los incentivos fiscales a los alimentos frescos, mínimamente procesados y procesados, la sociobiodiversidad, los bioinsumos, la agricultura familiar y los recursos energéticos sostenibles. La justicia social en la Reforma también permea la expansión del cashback y el retorno total de las necesidades básicas. Es posible una reforma tributaria saludable, solidaria y sostenible, y esta tarea ahora recae en los senadores de Brasil.
Débora Capri es Magíster en Ciencia Política por la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro y Científico Social por la Universidad Federal de Santa Catarina. Asesor de Incidencia en Promoción de la Salud de ACT en el proyecto de Alimentación Saludable.
