Por: William Clavijo y Ana María Diez/ Latinoamérica21
El nuevo episodio de la crisis política que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela amenaza con provocar una nueva ola de desplazamiento forzado en el hemisferio.
Las pasadas elecciones presidenciales, realizadas el domingo 28 de julio, culminaron con la proclamación del presidente Nicolás Maduro como vencedor de la elección sin haber cumplido con etapas fundamentales del proceso de escrutinio y totalización de los resultados por mesa de votación, por parte de la autoridad electoral, tal como establecen las leyes del país.
La falta de transparencia e integridad en la conducción del proceso electoral fue ratificada por misiones de observación imparciales como las misiones enviadas por el Centro Carter y el panel de expertos electorales de la ONU, quienes además coincidieron en señalar que los resultados presentados por el CNE no reflejan la realidad.
El rechazo a los resultados por parte de la oposición y diversos sectores de la ciudadanía dio lugar a un preocupando ciclo de represión estatal, arrojando cifras alarmantes de violaciones a los derechos fundamentales de la población civil venezolana. En consecuencia, 25 personas han sido asesinadas en el contexto de protestas pacíficas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado o grupos armados irregulares bajo amparo del Estado. De acuerdo con reportes de la organización Foro Penal, hasta el 22 de agosto había 1,503 personas detenidas, de las cuales 129 son adolescentes, 14 son indígenas, 18 corresponden a personas con discapacidad, enfermedades crónicas o necesidades especiales y 200 son mujeres. En la mayoría de los casos, estas detenciones han ocurrido de manera arbitraria y sin ofrecer garantías de debido proceso como acceso a un abogado de confianza o conocer los cargos que se les imputa.
A la represión directa se suman los intentos por cerrar aún más el espacio cívico en el país. La promulgación durante la última semana de la llamada “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro” amenaza la existencia de miles de organizaciones que brindan asistencia humanitaria y defienden los derechos humanos en Venezuela.
La posibilidad de una nueva ola de desplazamiento forzado
Desde hace más de una década, Venezuela enfrenta una compleja crisis política, económica, social y humanitaria que ha provocado el desplazamiento forzado de más de 7.7 millones de personas, de las cuales 6.5 millones se encuentran en países de América Latina y el Caribe.
Las elecciones venían siendo acompañadas con atención por la comunidad internacional debido a la posibilidad de sentar las bases para una transición pacífica a la democracia y, con ello, atender las causas que ya han llevado a más del 20% de la población venezolana a abandonar su país durante los últimos años.
Durante la campaña electoral, un estudio realizado por la encuestadora Poder y Estrategia el 20 de julio de este año reveló que el 18% de los encuestados expresaron un deseo de emigrar, aunque no contaban con planes concretos para hacerlo. Por otro lado, el 6% de los participantes afirmaron tener ya planes establecidos para abandonar el país.
Como consecuencia de la agudización de la crisis política, los datos de los flujos migratorios en los países con los que Venezuela comparte frontera terrestre evidencian un aumento en los cruces fronterizos, especialmente en Brasil, un leve incremento en comparación con los promedios diarios en Colombia, y un notable crecimiento en la proporción de personas que huyen de Venezuela debido a violaciones de derechos humanos y represión política.
La posibilidad de una nueva ola migratoria acontece en un momento de retroceso en las decisiones de política migratoria de los países del hemisferio. En este sentido, la creciente militarización de las fronteras en algunos países de la región, la falta de mecanismos para garantizar la regularización migratoria, la poca disposición para la aplicación de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, la creciente exigencia de visados para permitir la entrada de migrantes, y los planes de deportación generan gran preocupación, pues solo contribuyen en la creación de mayores riesgos para las personas desplazadas.
Como agravante, los fondos de cooperación internacional destinados a apoyar la respuesta humanitaria ante el flujo migratorio venezolano en la región están muy por debajo de lo necesario. Según cifras de la Plataforma R4V, al 12 de agosto de este año, solo el 12,5% de los recursos requeridos para financiar el plan de respuesta para refugiados y migrantes en 2024, estimado en poco más de 1.500 millones de dólares, habían sido efectivamente cubiertos.
Urge proteger a las personas desplazadas
Ante esta situación, es fundamental que los países del hemisferio tomen medidas para garantizar que las personas desplazadas por la crisis en Venezuela tengan garantías de protección internacional, o mecanismos expeditos para su regularización migratoria.
La crisis venezolana es un recordatorio de la necesidad de actualizar los marcos de protección a las personas desplazadas en el hemisferio y garantizar respuestas adecuadas a los desafíos que enfrenta el continente en los tiempos actuales. En este contexto, la definición de refugiado establecida en la Declaración de Cartagena proporciona un marco normativo claro para proteger a los desplazados venezolanos como refugiados de manera automática.
Dada la evidencia documentada por organismos internacionales imparciales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, reconocer la condición de refugiados de los ciudadanos venezolanos es una postura coherente y alineada con el derecho internacional de los derechos humanos. Esta medida no debe interpretarse en ningún momento como una acción inamistosa hacia el Estado de origen de las personas desplazadas.
En este sentido, ya existen casos ejemplares como la decisión del Estado brasileño de adherir a la definición de refugiado establecida en la Declaración de Cartagena, permitiendo otorgar protección internacional a más de 130.000 ciudadanos venezolanos en el país.
Por otra parte, resulta crucial alertar a los países de la comunidad internacional sobre la necesidad de reactivar los programas de asistencia a sus pares latinoamericanos en los esfuerzos de recepción, protección e integración de migrantes venezolanos. Es imperativo renovar los compromisos de cooperación y financiamiento para los planes de respuesta ante esta crisis migratoria en la región.
La crisis en Venezuela y sus impactos en las Américas demandan la solidaridad de todos. Es urgente implementar acciones coordinadas que coloquen a las víctimas en el centro de las medidas.
William Clavijo es Doctor en Políticas Públicas, Estrategias y Desarrollo por la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Especialista en Análisis Técnico y Sostenibilidad en el Instituto Brasileño de Petróleo y Gas (IBP). Presidente de la ONG Venezuela Global.
Ana María Diez es abogada, Magister en Gerencia Pública y especialista en migración y refugio. Presidenta de Coalición por Venezuela.
