La expresidente transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, se enfrenta al inicio de dos nuevos juicios relacionados con la crisis de 2019 y sus acciones durante su gestión interina. Áñez, quien actualmente se encuentra encarcelada en La Paz, ha afirmado que estos procesos buscan distraer a la población de los problemas económicos actuales.
Uno de los juicios se refiere al caso conocido como «Senkata», en el cual la Fiscalía acusa a Áñez y a dos exministros de supuesto «genocidio» por las muertes de civiles en el barrio homónimo de la ciudad de El Alto durante el conflicto post electoral de 2019. Aunque el proceso estaba programado para comenzar el lunes, fue aplazado debido a la ausencia de varios de los imputados y los acusadores.
Supuesta designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos
El segundo juicio, anunciado para el martes, se relaciona con una supuesta designación irregular en la estatal Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) durante la gestión de Áñez. La exmandataria ha calificado estos procesos como «patrañas» y ha reiterado que lleva 1.267 días secuestrada y en detención preventiva. Además, ha afirmado que el pueblo boliviano está convencido de que los responsables de la crisis son «lo peor que le pudo pasar a Bolivia».
El Gobierno de Luis Arce y la visión sobre el golpe de Estado
El Gobierno de Luis Arce y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), consideran que la salida de Evo Morales de la Presidencia en 2019 fue resultado de un golpe de Estado. Por otro lado, sus detractores sostienen que la crisis fue consecuencia de un fraude electoral a favor de Morales en los comicios generales de ese año.
Antecedentes de los juicios contra Áñez
Áñez fue detenida y encarcelada en marzo de 2021 dentro del proceso conocido como «golpe de Estado I», en el cual se le acusa de terrorismo y conspiración por la crisis de 2019. En 2022, fue sentenciada a 10 años de prisión en el caso «golpe de Estado II», por haberse situado ilegalmente en la línea de sucesión en 2019. La Fiscalía y el Gobierno argumentaron que Áñez vulneró los reglamentos parlamentarios al proclamarse presidente, mientras que su defensa alegó un vacío de poder tras la renuncia de Morales.
La lucha de Áñez por un proceso especial y su denuncia ante la CIDH
Áñez ha reclamado un proceso especial como expresidente y en 2023 denunció al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarle un juicio de responsabilidades. Respecto al juicio por el caso «Senkata», el ministro de Justicia, Iván Lima, expresó su deseo de que el proceso se instale el miércoles y que la justicia repare el daño causado a las víctimas y sus familias.
