La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) ha denunciado públicamente al juez cautelar de Guarayos, Roberto Cruz Hurtado, tras otorgar libertad irrestricta a tres individuos acusados de provocar incendios en esa región, a pesar de haber sido capturados en flagrancia.
Según un comunicado de prensa emitido por la ABT, la audiencia cautelar de los sospechosos, que tuvo lugar el pasado viernes, concluyó con la decisión del juez de desestimar las pruebas presentadas por la ABT y el Ministerio Público.
Las evidencias incluían un informe de la Unidad de Monitoreo e Información Geoespacial (UMIG), que documentaba el origen de la quema y la cicatriz dejada por el fuego, así como la incautación de 4.000 litros de combustible en 17 turriles, en posesión de los acusados Grover Quiñones, Asencio Yraori y Mario Fernández Chincha.
Denuncia por resoluciones contrarias a la ley
El jefe nacional de Asuntos Jurídicos de la ABT, Robin Justiniano, anunció que se procederá con una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el juez por «Resoluciones Contrarias a la Ley» y «Prevaricato», argumentando que la justicia no está apoyando la lucha contra los incendios en el país, dado que este es el tercer caso en el que los aprehendidos son liberados.
Acciones de la ABT contra los incendios
En su esfuerzo por combatir las quemas ilegales, la ABT ha activado 274 procesos administrativos y 61 penales en respuesta a los incendios en el país. Las brigadas de fiscalización de la ABT continúan operando en las áreas más afectadas, con el objetivo de identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.
De los procesos administrativos abiertos, 161 se han registrado en Santa Cruz, 41 en Beni y 72 en otras regiones, afectando a 158 propiedades privadas y 116 comunidades campesinas e interculturales. En los procesos penales, la ABT ha iniciado 61 casos, de los cuales 54 están en Santa Cruz y 7 en Beni, resultando en 4 personas en detención preventiva.
Aumento de multas por quemas ilegales
En apoyo a las acciones contra los incendios, el gobierno nacional promulgó el 21 de agosto el Decreto Supremo 5203, que aumenta las multas por quemas ilegales, con sanciones que varían entre 190 y 976 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). Esta normativa se implementará una vez que la ABT complete la reglamentación correspondiente.
