El fiscal de materia Richard Gutiérrez rechazó la denuncia presentada por el alcalde Adhemar Wilcarani contra dos exfuncionarios municipales por presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la adquisición de un equipo tomógrafo. Según la resolución, la investigación no cuenta con suficientes elementos para una imputación formal.
En abril de este año, el alcalde recibió un informe de la Unidad de Auditoría que revelaba irregularidades en la compra del tomógrafo para el Centro de Salud e Imagenología María Auxiliadora. Como resultado, Adhemar Wilcarani presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el exsecretario Municipal de Salud y Deportes Marcelo Pérez y el exjefe de la Unidad de Salud Municipal Juan Carlos Concha.
Delitos denunciados
La denuncia incluye los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos recibidos por el Estado y conducta antieconómica, así como enriquecimiento por particulares con afectación al Estado.
Proceso de licitación y adjudicación
El Centro de Salud e Imagenología María Auxiliadora solicitó un tomógrafo axial computarizado de 64 cortes el 14 de junio de 2023. El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) llevó a cabo el proceso de contratación a través del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).
Varias empresas presentaron ofertas por un valor de 6 millones de bolivianos para la adquisición del tomógrafo de 64 cortes. Sin embargo, debido a observaciones internas sobre el proceso de adquisición, las licitaciones fueron declaradas desiertas en dos ocasiones.
Finalmente, se solicitó un tomógrafo de 32 cortes y se adjudicó a la Empresa Grupo Pulso por un costo de 5.999.999 bolivianos, un boliviano menos que el monto inicialmente ofrecido por otras empresas para el tomógrafo de 64 cortes. A pesar de la adjudicación y la firma del contrato en diciembre de 2023, el equipo no fue puesto en funcionamiento.
Resolución de rechazo y posibilidad de reapertura
El fiscal de Materia emitió una resolución el 20 de agosto de este año explicando el rechazo de la denuncia por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes. Según la resolución, a pesar del tiempo prolongado de la investigación preliminar, no se han encontrado suficientes elementos de juicio para una eventual imputación.
Se establece que el archivo provisional puede ser reabierto dentro del año siguiente a su notificación legal si los motivos que lo fundamentaron cambian. Pasado ese plazo, la resolución se considera definitiva.
