Andrés Londoño Niño/Latinoamérica21
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, alcanza la mitad de su mandato. Estos dos años han estado marcados por altas expectativas, esperanzas de cambio y ambiciosas propuestas de transformación social impulsadas por el gobierno. Sin embargo, persisten problemas estructurales, y algunos avances se han visto empañados por escándalos de corrupción y varias decepciones frente al lento avance de algunas reformas.
Cabe recordar que desde que inició el gobierno de Petro, por ser el primero de izquierda en el país, se presentó una agenda ambiciosa en el marco de una oportunidad histórica en lo que el propio gobierno ha denominado “El gobierno del cambio”. Sin embargo, han sido varios los obstáculos que han impedido avanzar con varias de las propuestas por las que fue elegido en junio de 2022.
En primer lugar, el antipetrismo ha logrado consolidarse como una fuerza que ha afectado a la gestión del presidente. Ese rechazo hacia Petro como líder político, más que hacia la izquierda o el partido de gobierno en sí, ha sido uno de los principales obstáculos para avanzar con varias reformas. Precisamente, estas han recibido escaso apoyo tanto en el ámbito legislativo como en la opinión pública.
Dicho antipetrismo surge desde la gestión de Petro como alcalde y se intensificó en las ocasiones en las que Petro fue candidato a la presidencia. No es sorprendente que la frase “culpa de Petro” haya llegado a ser común, ya que refleja cómo el actual presidente empezó a generar cada vez más odio y, en consecuencia, varias de las emociones asociadas como ira, desprecio, frustración y miedo.
La militancia de Petro en el M-19 durante su juventud contribuyó a que fuera visto como un símbolo del comunismo y quien encarna “el fantasma de Venezuela” en el país, lo que ha llevado a que en redes sociales se encuentren frecuentes ataques con el disfemismo “el presidente guerrillero”.
Por su parte, varios medios de comunicación colombianos, que no habían ejercido un papel muy activo de denuncia y crítica periodística a gobiernos anteriores, han sido determinantes para el aumento de la opinión pública negativa hacia Petro, cuestionando la gran mayoría de sus decisiones y acciones y dando una amplia cobertura, por ejemplo, a los escándalos que han salpicado a la actual gestión. Esta relación tensa con los medios ha sido determinante para el aumento de los niveles de desaprobación del presidente, que, según las últimas encuestas, se aproxima al 60%.
Por su parte, el presidente ha intentado defender su gestión y la pertinencia de sus reformas por canales oficiales y redes sociales, aunque con un uso muchas veces excesivo y poco asertivo de la red social X (antes Twitter).
En segundo lugar, han tenido lugar algunos escándalos de corrupción que han comprometido, directa e indirectamente, el avance de varios de los cambios que ha propuesto el actual gobierno. Este es el caso del escándalo de la compra de votos que salpicó al hijo del presidente, Nicolás Petro, y, sobre todo, el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que habría sido usada por el gobierno para que congresistas aprobaran reformas por medio de millonarios contratos.
Precisamente, el que el “gobierno del cambio” continuara con prácticas de corrupción y clientelismo, como los gobiernos anteriores, ha generado indignación por parte sus electores, mientras que, por parte de la oposición y los detractores del gobierno, estos escándalos se presentan como nuevos e inusitados en la historia del país. Sin embargo, debe recordarse el escándalo de Oderbrecht durante el gobierno de Santos o el de la llamada “ñeñepolítica”, que consistió en la compra de votos para las elecciones de Iván Duque con dinero del narcotráfico o el de corrupción en el contrato de conectividad rural también en el gobierno de Duque, por solo mencionar algunos ejemplos.
En tercer lugar, la ingobernabilidad ha sido un fator determinante para los lentos avances en la agenda gubernamental. La frágil coalición con la que inició el gobierno en el Congreso se desplomó a los pocos meses, especialmente con los debates de la reforma a la salud. A pesar de lograr el avance con algunas reformas como la tributaria y la pensional, otras reformas clave como la de salud y la educación han recibido una fuerte oposición por parte del Congreso y de la opinión pública.
En este sentido, es evidente que, a diferencia de gobiernos anteriores, este gobierno ha tenido que demostrar habilidades de negociación significativamente superiores, pues es claro que no se trata únicamente de un debate técnico sobre la pertinencia de las reformas, sino que también refleja el poder persistente de los partidos tradicionales y conservadores en el Congreso. Igualmente, en el debate público han predominado más los ataques personales y las críticas generalizadas al gobierno que un serio debate sobre la pertinencia de las reformas y su contenido.
Finalmente, hay factores estructurales que han impedido el avance en la agenda del gobierno. Por ejemplo, el gobierno propuso metas ambiciosas relacionadas con la consolidación de paz en el país, quizá el más grande desafío que ha tenido Colombia en las últimas décadas. Es así como se impulsó la Paz Total, con la cual se abría espacio a la negociación con prácticamente todos los grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC.
Sin embargo, a diferencia de procesos de paz anteriores, la fragmentación de los grupos armados y el mayor control territorial que han logrado, entre otras cosas, por haber ocupado los vacíos dejados por la guerrilla de las FARC, ha tornado más difícil la negociación. Esto ha llevado a que varios de estos grupos no hayan continuado en las mesas de negociación y el gobierno a este momento presente apenas avances parciales y muy concretos.
En conclusión, el gobierno de Petro ha enfrentado numerosos obstáculos que muy probablemente seguirán condicionando el progreso de las reformas durante el resto de su mandato. Ser el primer gobierno de izquierda en el país ha generado altas expectativas entre los votantes, pero también ha suscitado una oposición que continuará empleando diversos recursos, como influir en la opinión pública, para obstaculizar cualquier acción que implique un cambio sustancial.
Los errores que ha cometido el gobierno de Petro, como los relacionados a desacertados nombramientos y los escándalos de corrupción, no deben opacar la necesidad de avanzar con varias reformas sociales. Pero más allá de eso, es importante no olvidar la pertinencia de continuar ampliando la democracia en Colombia, históricamente excluyente y violenta en contra de fuerzas alternativas, como lo demuestra el asesinato de candidatos presidenciales y el exterminio de la Unión Patriótica.
/ Andrés Londoño Niño es Doctor en Ciencia Política de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ). Profesor de la Universidad de La Salle y de la Escuela Superior de Administración Pública.
