El Decreto Supremo 5200, promulgado el 14 de agosto, podría ser utilizado con fines extorsivos o de persecución contra el empresariado, advirtió este lunes 19 de agosto el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes.
La semana pasada, el Presidente del Estado, Luis Arce, promulgó el Decreto Supremo 5200, que ordena a todas las sociedades comerciales identificar y reportar a sus propietarios o beneficiarios finales al Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec).
«¿Para qué está requiriendo esa información el Gobierno? ¿Para qué quiere saber quiénes son los beneficiarios finales de todas las pequeñas, medianas y grandes empresas, sabiendo que muchas empresas son sociedades anónimas?», cuestionó Reyes.
Según el artículo 1 del decreto, esta medida busca transparentar la información sobre los beneficiarios finales de las empresas inscritas en el Registro de Comercio.
El parlamentario recordó que el Decreto Supremo 4904 define claramente al beneficiario final como la persona con mayores acciones, el representante legal o el presidente del directorio.
Mientras el artículo 4 de la norma promulgada el 14 de agosto señala que si las empresas no reportan o identifican a sus beneficiarios serán sancionados por la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), conforme a la Ley N° 685 de 2015, que regula el proceso de reestructuración y liquidación voluntaria de empresas.
El parlamentario de oposición insistió en que esa información puede ser usada por el Gobierno para iniciar o armar un proceso penal contra los empresarios.
En ese marco, anunció que solicitará un informe a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, para esclarecer los fines y alcances del decreto.
