El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) entregó este viernes 16 de agosto alrededor de 90 expedientes de personas detenidas en El Salvador en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Los familiares de estas personas defienden su inocencia y exigieron su liberación a la Presidencia de la República.
En el marco del segundo aniversario de su fundación, alrededor de un centenar de miembros del Movir se concentraron y protestaron en las principales calles de San Salvador. Su objetivo era exigir la liberación de personas sin vínculos con las pandillas.
Los manifestantes se dirigieron a las cercanías de la Casa Presidencial, donde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) permitieron el paso de cuatro personas para entregar los expedientes.
Según la abogada Ivania Cruz, se entregaron un total de 90 expedientes, de los cuales 77 ya estaban en manos de la Comisión de Derechos Humanos del gobierno. La abogada denunció que estas personas nunca habían sido detenidas y que entre ellas se encuentran personas con cartas de libertad judicial que no se han cumplido, así como personas con enfermedades crónicas.
Alfredo Mejía, portavoz del Movir, destacó que su hija lleva más de 24 meses detenida y que se siguen violando los derechos de las personas, además de haber muertes sospechosas dentro de los penales. Mejía enfatizó que el Movir busca procesos justos y no apoya la liberación de delincuentes, en respuesta a las acusaciones de que las organizaciones humanitarias abogan por pandilleros.
Régimen de excepción y derechos humanos
El régimen de excepción se aprobó en respuesta al asesinato de más de 80 personas a manos de las pandillas a finales de marzo de 2022. Según investigaciones del medio local El Faro, esto se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Desde marzo de 2022, se han registrado más de 81,100 detenciones bajo el régimen de excepción, según cifras oficiales. Sin embargo, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6,400 denuncias de violaciones a los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas. Además, se reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
FUENTE: EFE
