La Alcaldía de Santa Cruz ha presentado una demanda por atentado contra la salud pública contra los dirigentes Agripino Villarruel, Celio Cuéllar y Wendy Salinas, entre otros. Esta acción legal se debe al bloqueo instalado en el vertedero de San Miguel de los Junos desde la medianoche del martes.
Bernardo Montenegro, vocero municipal, ha expresado su preocupación por la protesta, destacando que se pone en riesgo la salud de la población. En una conferencia de prensa, Montenegro declaró: «No es aceptable que se ponga en peligro la limpieza de mercados y hospitales debido a acciones que parecen tener un trasfondo político».
Microempresas de recojo de basura
Montenegro ha señalado que la protesta proviene de una de las ocho microempresas encargadas del recojo de basura en la ciudad. Mientras que las otras siete han entendido el compromiso de pago acordado a cuenta de salarios para esta jornada. El vocero insistió en que el municipio ha cumplido con el acuerdo y ha realizado el pago a través de la empresa adjudicada, cumpliendo con el compromiso establecido la semana pasada.
Impacto en la recolección de residuos
Ricardo Oviedo, gerente a.i. de Emacruz, ha afirmado que el bloqueo ha afectado el recorrido y la recolección de residuos en los sectores A y B, lo que podría agravar la situación sanitaria. Además, Oviedo ha mencionado que el suministro de diésel para los camiones de recolección se ha normalizado gracias a la intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), pero advierte que la protesta política sigue afectando a la población.
Solicitud de desbloqueo y restablecimiento del servicio
La Alcaldía ha solicitado al Ministerio Público que actúe rápidamente para desbloquear el vertedero y restaurar el servicio de recolección de residuos lo antes posible. Debido a la protesta, se ha acumulado basura en mercados y domicilios de la capital cruceña.
