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Empresas privadas pueden importar combustibles: Nueva normativa lo permite

Empresas privadas pueden importar combustibles, de acuerdo a la nueva normativa / MHE
Importadores y empresas privadas se unen en ronda de negocios para importar hidrocarburos. Descubre cómo los Decretos Supremos 28419 y 4718 regulan este proceso.

El 19 de febrero del 2024, el Gobierno nacional y el empresariado privado nacional llegaron a un acuerdo para llevar a cabo una ronda de negocios. En esta participarán importadores y diversas empresas con proveedores reconocidos como Trafigura, Vitol, Copec, Montealegre, Novun y Latin Apio.

Los procedimientos para la autorización de importación de hidrocarburos y sus productos refinados están definidos en los Decretos Supremos (DS) 28419 y 4718. Estos decretos establecen las pautas que permiten a las empresas privadas importar sus productos refinados para consumo propio, garantizando el cumplimiento de estándares necesarios en una importación segura de carburantes demandados en el mercado interno.

Regulación y control en la importación de hidrocarburos

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE) destaca la importancia de un marco regulatorio que asegure el cumplimiento de las normativas técnicas y legales necesarias. Según una nota del MHE, los productos autorizados por la normativa mencionada son diésel y gasolinas.

Requisitos y agilización del proceso de autorización

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha establecido requisitos públicos para que personas individuales, colectivas, nacionales, extranjeras, públicas, privadas o sociedades mixtas puedan solicitar autorización de importación. Además, se ha optimizado el tiempo para otorgar las autorizaciones, reduciendo el trámite de un año a entre 15 y 30 días.

Fortalecimiento de la regulación y control

El objetivo principal de esta normativa es fortalecer la regulación y control sobre la importación de hidrocarburos, garantizando que solo las empresas que cumplan con los requisitos técnicos y legales puedan operar. Esto no solo mejora la seguridad y eficiencia en el sector, sino que también promueve una competencia justa y equitativa.


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