Autor: Jaime Dunn
Nuestra Aduana Nacional tiene como misión “Contribuir al desarrollo económico del país mediante la recaudación aduanera…reprimiendo los ilícitos aduaneros en beneficio de la producción e industria nacional.” Sin embargo la realidad es otra. Según la Cámara Nacional de Industrias, el contrabando en Bolivia es superior a los 3.300 millones de dólares anuales, triplicando su volumen en dos décadas. Además, está creciendo a un ritmo del 8% anual, más del doble que la economía nacional. Este fenómeno afecta a más de 39.000 industrias y 600.000 empleos en el sector industrial, y provoca una pérdida de aproximadamente 930 millones de dólares en concepto de IVA y otros impuestos.
El contrabando representa el 124% de toda la industria formal del país, convirtiéndose en la industria más grande de Bolivia. A pesar de su magnitud, no hay registros de grandes contrabandistas encarcelados, lo que apunta a una alta permisividad por parte de las autoridades gubernamentales. Los contrabandistas hasta visten de uniforme y operan abiertamente en las fronteras. Además, la ley ha elevado el umbral para considerar el contrabando como un delito, pasando de 33.000 dólares en 2006 a 689.000 dólares en la actualidad.
La Aduana Nacional mantiene una recaudación anual promedio de 2.000 millones de dólares desde 2017. No obstante, su presupuesto y los costos de interdicción, que ascienden a cerca de 400 millones de dólares anuales, continúan aumentando cada año. Además, sus objetivos de decomisos son de apenas 300 millones de dólares anuales, lo que resalta su ineficacia.
Con base en estos datos, es evidente que la Aduana Nacional ha fracasado rotundamente en su misión: no logra una recaudación suficiente y no ofrece protección a las industrias nacionales. Y eso sin mencionar la corrupción.
Pero desde que Simón Bolívar introdujo la primera normativa contra el contrabando en 1825, la lucha contra este fenómeno ha sido un fracaso continuado durante dos siglos. Ya en aquel entonces, Bolívar advertía que las medidas coercitivas eran insuficientes para combatir el comercio ilícito.
Durante doscientos años, hemos mantenido la errónea creencia de que el contrabando se puede erradicar mediante medidas punitivas, cuando en realidad es un problema económico que requiere una solución económica. El contrabando existe porque los consumidores buscan más bienes a precios más bajos para maximizar su bienestar. Los contrabandistas, al notar esta demanda, la satisfacen ofreciendo productos más baratos. Ambos, compradores y contrabandistas, actúan racionalmente para obtener la mayor satisfacción al mejor precio.
Como lector, tú eres un claro ejemplo de lo que estoy diciendo. Si nunca has comprado algo de contrabando, podrías dejar de leer esta columna. Sin embargo, apuesto a que continúas leyendo.
El contrabando es tan antiguo como los impuestos, pues estos distorsionan los precios del mercado, creando un desequilibrio que el contrabando intenta corregir. Es como un libre mercado que busca su camino a pesar de las barreras estatales. Adam Smith ya lo decía en 1776: los contrabandistas son comerciantes astutos que toman riesgos calculados debido a los altos costos del comercio legal. En Bolivia, importar un producto legalmente, aún con arancel cero tiene un costo cercano al 15%, el resto puede ser de hasta el 85% del precio original. Con razón hay casi 300 mil vehículos indocumentados en circulación y casi el 85% de informalidad.
La única forma efectiva de detener el contrabando es tomando medidas radicales. Es dinamitando la Aduana Nacional (figurativamente). Sin aduana no hay contrabando, al igual que sin matrimonio no hay divorcio. Si se eliminan o reducen significativamente los aranceles, costos e impuestos aduaneros, manteniendo un control en frontera solo para detener productos ilegales, el Estado estaría haciendo su verdadero trabajo. Esto permitiría que el libre comercio fluya, eliminando la necesidad de contrabando.
Los beneficiados seriamos todos los bolivianos, especialmente los más pobres, que podrían comprar ropa y comida más fácilmente. La clase media también tendría acceso a autos y maquinaria de mejor calidad y precio. Los actuales aranceles e impuestos nos limitan a todos a comprar productos nacionales, incluso si son de mala calidad, lo cual es una restricción a nuestra libertad individual.
Podrías decir que eliminar aranceles dañaría a la industria local. Pero esta se beneficiaría de la importación de insumos más baratos. Además la clave es hacerlo gradualmente, empezando con productos que Bolivia no produce. Luego, con ajustes fiscales y laborales para que las empresas locales sean competitivas por su calidad, no por la protección estatal. Las empresas menos eficientes tendrían que adaptarse o importar productos que Bolivia no puede producir de manera competitiva. Al igual que Bolivia no fabricará relojes suizos, Suiza no hará salteñas bolivianas. Sin Aduana Nacional, hay oportunidades para todos.
Jaime Dunn es Analista Financiero
Twitter: JaimeDunn_
