El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ha respaldado el derecho propietario de aproximadamente 22 mil hectáreas de tierras en el oriente boliviano a favor de la familia Marinkovic. Esta decisión ha sido objeto de controversia y ha sido rechazada por el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero. Con esta resolución, se suman 34 mil hectáreas a favor de la familia del exdirigente cívico.
El fallo del TCP ha revertido las instancias previas ganadas por el Viceministerio de Tierras, que había presentado demandas para recuperar estas tierras. Esta resolución ha generado controversia y se espera que se presenten demandas penales contra dos magistrados por presuntos delitos relacionados con este caso.
Orden de entrega de títulos de derecho propietario por 33 mil hectáreas de tierra
La Sala Cuarta del TCP ha ordenado que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) entregue títulos de derecho propietario por un total de 33 mil hectáreas de tierra en dos predios en el departamento de Santa Cruz. Esto se basa en que el proceso de trámite de este derecho comenzó antes de que el Gobierno emitiera una ley que limita la propiedad a cinco mil hectáreas, normativa que no puede aplicarse retroactivamente.
Preocupación del Viceministerio de Tierras y acciones legales anunciadas
El viceministro Guerrero ha expresado su preocupación ante esta situación y ha anunciado acciones legales contra los magistrados Gonzalo Hurtado e Yván Espada por prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Otros procesos en curso y disputas constitucionales
El Viceministerio de Tierras tiene otros 29 procesos en curso, donde han obtenido sentencias favorables para la reversión de tierras a favor del Estado. Entre estos casos, destacan disputas en la vía constitucional y acciones de amparo planteadas por litigantes perdedores en diferentes salas del país. Guerrero ha destacado que de 31 demandas, dos corresponden a la familia Marinkovic, y hay otras que aún están siendo resueltas.
Según Guerrero, la Constitución Política del Estado establece una titulación máxima de cinco hectáreas para productores, lo cual contrasta con la aprobación judicial de más de 34 mil hectáreas a favor de los Marinkovic.
