La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha expresado su preocupación por la interrupción del proceso de preselección de las elecciones judiciales 2024 en el país. Esta interrupción se debe a la presentación de amparos constitucionales que han frenado las evaluaciones orales de los 405 postulantes.
La Defensoría del Pueblo ha estado acompañando el proceso y ha realizado diferentes acciones para garantizar los derechos de los bolivianos de elegir a sus autoridades. Se ha exhortado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a los Órganos del Estado a garantizar estos derechos, incluso se ha aprobado una ley en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, la presentación de recursos legales por parte de postulantes inhabilitados ha frenado el proceso de evaluaciones orales de los 405 postulantes y ha generado un riesgo de paralización. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo se compromete a agotar todas las oportunidades para convocar a las instancias correspondientes y garantizar a los ciudadanos el derecho a la elección democrática de sus autoridades judiciales.
Visita del relator de la CIDH para encontrar una solución
En mayo, está prevista la visita del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Bolivia, José Luis Caballero. Esta visita tiene como objetivo brindar cooperación técnica en la preselección de candidatos para las elecciones judiciales. La Defensoría del Pueblo considera que esta visita debe ser una oportunidad para encontrar una solución y dar continuidad al proceso.
Receso en las evaluaciones orales
Las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural habían programado las evaluaciones orales de los 405 postulantes a partir de esta semana. Sin embargo, debido a los recursos presentados, se ha decidido dar un receso para evaluar las acciones a seguir.
