El procurador general del Estado, César Siles, informó que se ha llevado a cabo una minuciosa revisión de los casos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), encontrando un total de 119 casos en contra del país.
«Como Procuraduría General del Estado, en nuestro rol de defensa de los intereses del Estado en materia de derechos humanos, hemos decidido priorizar para esta gestión los casos más importantes y relevantes», expresó el procurador durante una conferencia de prensa.
72 peticiones en etapa de admisibilidad son priorizadas por su importancia
Según las declaraciones del procurador, se han identificado 72 peticiones que actualmente se encuentran en etapa de admisibilidad, siendo priorizadas debido a su importancia y relevancia para el Estado boliviano. Entre estas peticiones, se destacan aquellas relacionadas con temas como tortura, tratos crueles, actos del gobierno de 2019 y violencia contra niños y mujeres.
Casos emblemáticos en la CIDH están siendo supervisados en etapa de sentencia
Dentro de los trámites internacionales priorizados en la CIDH se encuentran casos emblemáticos como el de los exjueces transitorios y el caso del terrorismo, donde se han presentado múltiples peticiones que están siendo supervisadas en etapa de sentencia.
Pagos por compensación económica ascienden a casi 3 millones de dólares
Hasta el momento, se han realizado pagos por compensación económica que ascienden a aproximadamente 3 millones de dólares. Sin embargo, de acuerdo con el artículo N°113 de la Constitución boliviana, aquellos responsables por violaciones a los derechos humanos deben hacerse cargo económicamente conforme a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.
Procuraduría General del Estado defiende los intereses del país ante instancias internacionales
La Procuraduría General del Estado ha asumido la defensa activa en estos casos ante instancias internacionales, buscando proteger los intereses del Estado boliviano frente a las demandas presentadas. La complejidad y diversidad de los temas abordados representan un desafío significativo para Bolivia en el ámbito jurídico internacional.
