Organizaciones sociales y manifestantes, en su mayoría migrantes bolivianos, han presentado un amparo colectivo en Argentina para impugnar la eliminación de más de 22.500 planes sociales que beneficiaban a migrantes con un bono mensual. Esta medida fue implementada por el programa Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo durante el Gobierno de Alberto Fernández, pero recientemente fue suspendida por el Gobierno de Javier Milei debido a irregularidades detectadas en los beneficiarios titulares, muchos de ellos de origen boliviano.
Argumentos en contra de la suspensión de los pagos
Los manifestantes que presentaron el amparo consideran que la suspensión de estos pagos es inconstitucional, discriminatoria y estigmatizante hacia los trabajadores migrantes. Según informes de medios argentinos, la mayoría de los afectados por esta medida son migrantes bolivianos. Los abogados defensores de los manifestantes también señalan que algunos de sus clientes nunca salieron del territorio argentino y aún así fueron dados de baja del programa.
Denuncias de viajes al exterior y uso indebido de los fondos
El Ministerio de Capital Humano del Gobierno argentino ha afirmado que muchos de los beneficiarios realizaron viajes al exterior, incluyendo cruceros y visitas a playas paradisíacas. Estas personas recibían un bono mensual de 78.000 pesos (90.93 dólares). Sin embargo, los manifestantes argumentan que algunos de los viajes fueron por motivos de emergencia, como el fallecimiento de familiares o la atención médica de seres queridos discapacitados.
Apoyo y silencio de las autoridades
Una vez que se defina el juzgado encargado del caso, el Consulado de Bolivia en Argentina presentará una carta de apoyo a la medida. Hasta el momento, ninguna autoridad en Bolivia se ha pronunciado sobre el tema.
