Cochabamba Policial

Caso Pedrajas: dictan arraigo y detención domiciliaria para jesuitas acusados de encubrir abusos sexuales

La audiencia cautelar se llevo a cabo por el delito de encubrimiento de abusos sexuales a menores de edad dentro del caso Pedrajas / APG
La justicia determinó arraigo y detención domiciliaria para dos jesuitas acusados de encubrir abusos sexuales del religioso fallecido Alfonso "Pica" Pedrajas.


En una audiencia realizada el jueves 28 de marzo, la justicia determinó el arraigo y la detención domiciliaria para dos jesuitas acusados de encubrir los abusos sexuales cometidos por el religioso fallecido Alfonso «Pica» Pedrajas. Los acusados, Marcos R. de 81 años y Ramón A. de 83, comparecieron de forma virtual mientras que la audiencia se llevó a cabo en la Fiscalía de Coña Coña, Cochabamba. Además, el Juzgado de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Nº 1 también dispuso el arraigo para ambos religiosos.

Un paso importante hacia la justicia

El abogado de las víctimas, Nelson Cox, expresó su satisfacción con la decisión tomada por la justicia, afirmando que esto allanará el camino para que otros encubridores también sean responsabilizados. Durante más de 30 años, ha reinado un velo de impunidad en relación a estos abusos, y esta medida permitirá que se desvele la verdad y se haga justicia.

Acusaciones de encubrimiento

Marcos R. y Ramón A., quienes en el pasado fueron provinciales de la Compañía de Jesús, son acusados de encubrir los vejámenes cometidos por el fallecido jesuita Pedrajas entre los años 1972 y 1987. Según el diario de Pedrajas, estos dos religiosos, junto a otros siete curas de la Compañía de Jesús, fueron mencionados como encubridores de los delitos que cometió en vida. Se estima que Pedrajas abusó de al menos 85 menores de edad, la mayoría de ellos pertenecientes al colegio Juan XXIII de Cochabamba.

Un paso importante para las víctimas

El exnovicio Pedro Lima resaltó la importancia de esta medida para el pueblo boliviano, ya que las víctimas son de todo el país y fueron niñas y niños de 7, 8, 10 y 11 años en aquel entonces. Este avance en el proceso judicial representa un paso significativo hacia la justicia y el reconocimiento de los derechos de las víctimas de abuso sexual.


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