Comunidades de diferentes regiones del país han decidido unir fuerzas en una demanda internacional para denunciar los efectos negativos de la contaminación minera en su salud y en el medioambiente. Esta decisión se tomó durante un encuentro realizado en Oruro, donde se declararon en estado de emergencia.
En el «Encuentro por el Derecho al Agua y Salud frente a Impactos Mineros», varias comunidades presentaron pruebas de laboratorio que confirmaban la presencia de metales pesados en la sangre de sus habitantes. Cantumarca en Potosí y el Ayllu San Agustín de Puñaca en Oruro son solo algunos ejemplos de las comunidades afectadas.
Exigiendo la restitución de derechos constitucionales
En sus conclusiones, las comunidades afectadas proponen la creación de una alianza para exigir la restitución de sus derechos constitucionales. Ante la falta de un Estado que garantice estos derechos, consideran necesario activar mecanismos de denuncia a nivel internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Un llamado a las autoridades nacionales y departamentales
Gracias a la alianza entre varias instituciones, los habitantes y comunidades afectadas por la contaminación minera han logrado hacer oír sus voces. Han demandado a las autoridades nacionales y departamentales que tomen acciones para proteger sus derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la salud y al acceso al agua.
En un encuentro virtual, representantes de las comunidades afectadas tuvieron la oportunidad de dialogar con miembros de la CIDH y del Relator de Pueblos Indígenas. Esta interacción les brindó la posibilidad de explorar vías para presentar una demanda internacional cuando no encuentren respuesta a nivel nacional. Además, se discutió la importancia de recibir atención especializada en salud y de unir fuerzas para recopilar evidencias y tomar acciones conjuntas.
Una postura clara
Es importante destacar que los representantes de las comunidades afectadas no están en contra de la minería en general, sino de las operaciones ilegales que causan daño. También exigen el cumplimiento de los compromisos ambientales por parte de las empresas mineras.
Una alianza en busca de justicia
Este encuentro fue posible gracias a la colaboración entre el Colectivo CASA, el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (Gtccj), la Plataforma de Acciones Populares y el Cenda. Juntos, reunieron a comunidades y pueblos indígenas afectados que ya cuentan con pruebas contundentes de los impactos de la minería, y solicitaron medidas de mitigación. También participaron activistas comprometidos con la causa.
