La senadora Centa Rek y la diputada María René Álvarez, de la alianza política Creemos, ofrecieron una conferencia de prensa para discutir el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Bolivia titulado «Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia». Durante el encuentro con los medios, destacaron que las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y democráticos por parte del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) están siendo consideradas por el organismo internacional.
En sus intervenciones, Rek y Álvarez resaltaron la importancia de las denuncias documentadas presentadas por Creemos, haciendo énfasis en la sumisión del Órgano Judicial al Ejecutivo y el uso abusivo de detenciones preventivas. Asimismo, señalaron que estas prácticas afectan la separación de poderes y constituyen un grave daño a la democracia.
Recomendaciones de la CIDH al Gobierno boliviano
La senadora Rek subrayó que la CIDH recomienda al gobierno boliviano ajustarse a estándares internacionales en los juicios penales, lo cual implica cambios en los procesos judiciales locales. Además, hizo hincapié en que el informe refleja la persecución contra líderes cívicos y políticos en Bolivia, situándolo entre países con situaciones persecutorias reconocidas internacionalmente.
Derogación de la ley 1385 sobre lucha contra legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo
En relación a la ley 1385 sobre lucha contra legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, Rek mencionó que su derogación se basó en evidencias presentadas por Creemos a la CIDH. La senadora expresó que esta normativa era perjudicial para la sociedad civil al ser utilizada como instrumento persecutorio.
Recomendaciones para mejorar el sistema judicial boliviano
El informe también destaca recomendaciones para mejorar el sistema judicial boliviano y garantizar un proceso legal acorde a estándares internacionales. Asimismo, se hace referencia a la necesidad de implementar medidas para fortalecer la separación de poderes y evitar abusos de autoridad en el país.
